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Viernes, 24 de Agosto de 2012 10:13

Usuarios rechazan alza de pasajes y anuncian protestas

por  NotiBolivia
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Jarlin Coca, dirigente de la FUL. Jarlin Coca, dirigente de la FUL.

FES MARCHA HOY

 

Representantes de organizaciones sociales y autoridades de Cochabamba rechazaron ayer el pedido de incremento en los pasajes de transporte público, además del paro de 48 horas que los choferes de la ciudad pretenden convocar para la próxima semana.
 
Los dirigentes vecinales y estudiantiles anunciaron  movilizaciones contra el sector del autotransporte si es que éste determina medidas presión.
 
Entre tanto, los choferes tienen hoy una asamblea para analizar si determinan o no ir al bloqueo la próxima semana.
 
Las autoridades del municipio de Cercado rechazaron también las advertencias del transporte y piden respetar la ordenanza vigente.
 
La Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) convocó para hoy a una marcha “en defensa del pasaje estudiantil” que partirá de la plaza de las Banderas a las 8:00.
 
El presidente del Comité de Vigilancia de Cercado, Julio Zambrana, sostuvo que su sector rechaza el incremento del pasaje, y que debe mantenerse la normativa vigente, mientras no se tenga un estudio serio.
 
Entretanto, Jarlin Coca, ejecutivo de la FUL, rechazó cualquier posibilidad de incremento en las tarifas, además advirtió con iniciar movilizaciones.
 
La Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) anunció que comenzó el proceso de carnetización de los estudiantes de las diferentes unidades educativas de Cercado.
 
Otra acción de la FES es que registrarán las denuncias contra los infractores mediante el uso de boletas que contienen datos del motorizado como la placa, fecha, hora y lugar.
 
La Ordenanza 4258/2011, emitida el 20 de mayo de 2011, establece tarifas específicas de pasajes para adultos, estudiantes universitarios, escolares, beneméritos y policías en cualquier tipo de vehículo de transporte público. No obstante, el sector del autotransporte insistió en primera instancia contar con una tarifa diferenciada para estudiantes extranjeros, para posteriormente incrementar el pasaje de 1,70 a 2,30 bolivianos para personas adultas.
 
Para presionar a las autoridades, los transportistas realizaron el miércoles un paro con bloqueo de calles y avenidas en la ciudad que perjudicó y causó el rechazo de la ciudadanía.
 
La vocera de la Alcaldía, Elba Morales, ratificó ayer la vigencia de una ordenanza que regula los precios de los pasajes, y que ésta se mantendrá hasta que se apruebe el reglamento de la Ley General del Transporte, ya que con ello se podrá elaborar un estudio acerca de la viabilidad de incrementar o mantener las tarifas del transporte público.
 
“La ley facilita y otorga esa atribución al municipio en base al estudio, reglamento y el consenso con el autotransporte para así poder ver qué se hará con las tarifas”, dijo Morales.
 
Normas contra discriminación
 
La Constitución Política del Estado y la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación son las dos normativas vigentes que anulan la intención del autotransporte de exigir tarifas diferenciadas para los estudiantes extranjeros.
 
Según el concejal de Cercado Edwin Jiménez, el transporte puede incurrir en la violación de estas normativas, siendo pasibles a las sanciones que su incumplimiento determina.
 
La Constitución Política del Estado establece en su Artículo 14 que “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna”.
 
Asimismo, en el parágrafo II indica que está prohibida la discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, nacionalidad, ciudadanía, condición económica o social.
 
La Ley 045 establece en su Artículo 281 lo siguiente: “La persona que arbitrariamente e ilegalmente, restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete años”.
 
Tanto el concejo municipal como la alcaldía, aseguraron que están abiertos al díalogo con los transportistas.

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  • Medio: Los Tiempos
  • Pais: Bolivia
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