[#VIDEO] Ministro Coimbra propone plan de cinco pilares de acción para institucionalizar y reformar la justicia

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, propuso el jueves un plan de institucionalización y reforma para mejorar la justicia mediante cinco pilares de acción. La autoridad gubernamental aseguró que se deben erradicar al menos 11 problemas.

{youtube}TasUwvcUfRw{/youtube}

Entre las falencias identificadas en la justicia se encuentran: la retardación, los excesivos formalismos, los hábitos culturales que prefieren el litigio, la corrupción, los bajos niveles salariales, la presión económica externa y del poder político, la instrumentalización de la justicia para la persecución política, la carencia de infraestructura adecuada y medios tecnológicos; la falta de agilización de notificaciones, desarrollo de audiencias y registro audiovisual; la interoperabilidad entre el Órgano Judicial, Derechos Reales, Notarios de Fe Pública y municipios; además, la pobre asignación presupuestaria por parte del Gobierno anterior.

“Después de la educación y la salud, la administración de justicia es la más alta función del Estado, puesto que a través de ella se puede construir una sociedad justa y armoniosa. Para ello, la independencia e imparcialidad del Órgano Judicial es fundamental, siendo esencial la generación de condiciones de libertad absoluta de los administradores de justicia sin influencia alguna del poder político y factores económicos externos”, comentó.

“Hasta el año 2019, en Bolivia, cumplen funciones alrededor de 1.056 jueces para una población de 11 millones de habitantes, cifra totalmente insuficiente para cubrir la demanda de justicia. Por otro lado, los conciliadores judiciales no han logrado el objetivo de descongestionar los tribunales de justicia”, aseveró.

Ante esa situación, los cinco pilares del plan de institucionalización y reforma a la justicia son: la reingeniería institucional, las reformas legislativas, la formación de recursos humanos, la asignación presupuestaria y el apoyo al Ministerio Público.

Entre los aspectos institucionales, se propone la selección y designación meritocrática de los magistrados y jueces, la democratización de los servicios judiciales, es decir, la desconcentración de juzgados y tribunales en las capitales de departamento y en municipios con una población superior a los 50.000 habitantes, además de la implementación de jueces de circuito y jueces itinerantes.

A eso se suma la creación de Casas de Justicia en distritos municipales como espacios de coordinación interinstitucional, orientación a los ciudadanos sobre sus derechos y, también, para reforzar la conciliación y el arbitraje extrajudiciales, reduciendo así los conflictos que congestionan el sistema judicial.

El combate a la corrupción e impunidad dentro del sistema judicial es otro de los objetivos; para eso, se sugiere la implementación de políticas de gestión procesal, administrativa y disciplinaria.

“La gestión administrativa incluye la adopción de mecanismos preventivos y de cooperación interinstitucional entre la Contraloría General del Estado, el Servicio de Impuestos Nacionales y la Unidad de Investigaciones Financieras, instituciones que cooperarán con el cruce de información en el marco de sus competencias”, dijo la autoridad gubernamental.

Manifestó que, además, se debe encarar la digitalización y automatización de procesos y documentos, para descongestionar y agilizar el despacho de causas y establecer sistemas de información abiertos al público como la firma digital, los traductores simultáneos, la política y régimen penitenciario con un enfoque de reinserción social, derechos humanos y seguridad pública y justicia restaurativa.

Sobre el tema de la legislación, indicó que es necesario encarar una modificación en la legislación orgánica, sustantiva y procesal en distintas materias para reducir los índices de retardación de justicia. Añadió que la reforma procesal debe tender a establecer un proceso penal oral absoluto eliminando formalismos innecesarios y corrigiendo defectos detectados en la práctica.

Respecto a la formación y ejercicio profesional, explicó que la reforma de la administración de justicia debe incluir la implementación y protección de un sistema de carrera judicial que comprenda reclutamiento, capacitación, mejora continua y evaluación periódica enfocada en resultados. Asimismo, una Escuela de Jueces de calidad, donde se redefina el perfil profesional del juez que se requiere en cada materia.

Propuso el fortalecimiento de la institucionalidad e independencia de un renovado Ministerio Público con la implementación y protección de un sistema de la carrera fiscal idóneo que dé estabilidad a los fiscales, evite la intromisión político-partidista y promueva su superación y buen desempeño a través de la instauración de una Escuela de Fiscales del Estado. Planteó la aplicación de procedimientos de selección y designación de fiscales para su ingreso a la carrera fiscal con garantías de transparencia y publicidad.

El plan también toma en cuenta que toda reforma debe incluir de manera necesaria recursos económicos; por ello, se debe incrementar la asignación presupuestaria al Órgano Judicial y al Ministerio Público, que debería aproximarse al 4% del Presupuesto General del Estado, con el fin de ampliar la cobertura del sistema judicial en el territorio, aumentar el número de operadores judiciales, reforzar la infraestructura y equipamiento y mejorar los servicios y atención al público.

“Esto es especialmente importante toda vez que en los últimos 14 años el Presupuesto del Órgano Judicial en nuestro país ha sido marginal, ocupando el último puesto en recursos”, aseguró.

“Es importante la democratización del presupuesto, propiciando la participación adecuada de los servicios de justicia en el Presupuesto General del Estado”, acotó.