[#VIDEO] Desmienten a Murillo: No hay ataque a Misicuni ni coordinación, y los pobladores temen contagios
Comunarios de Misicuni emitieron un voto resolutivo, en el que señalan que decidieron desalojar del área a militares y mostraron el documento a la Gobernación de Cochabamba.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió con iniciar procesos penales contra la gobernadora Esther Soria y el secretario general, Fanor Alvarado, por presuntamente exigir la salida de militares de Misicuni. La Gobernación, con documentación, desmintió a la autoridad y aclaró que los comunarios fueron los que decidieron desalojar a la tropa del lugar por temor a ser contagiados con COVID-19.
“La preocupación de la población de Misicuni es que los soldados que están haciendo el resguardo lleven el COVID-19; aquí está escrito por los pobladores, temen que haya contagiados entre las Fuerzas Armadas”, explicó Alvarado.
El conflicto surgió la mañana del viernes con el arribo de un contingente de efectivos a la represa de Misicuni. De acuerdo con el informe de Murillo, iban a resguardar el sitio ante el reporte de un “ataque” a la represa y “nosotros no lo vamos a permitir”.
El ingreso no fue coordinado con los pobladores y mucho menos con autoridades departamentales porque. Sin embargo, la mañana de este sábado, Murillo dice “nadie tiene por qué pedirle permiso (a la Gobernadora) para cuidar los bienes del Estado”.
“Nos han reportado que quieren atacar la represa de Misicuni y nosotros no lo vamos a permitir”, dijo Murillo la mañana de este sábado en conferencia de prensa.
Sin embargo, los pobladores observaron esta falta de coordinación e inmediatamente se reunieron y emitieron un voto resolutivo de seis puntos, en el que observan que no se comunicó el ingreso de soldados, ni por autoridades departamentales ni nacionales, y rechazaron la presencia de militares en el área y decidieron “inmediatamente el desalojo de los militares, de la región Misicuni”, según el documento.
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Voto resolutivo
El voto resolutivo, avalado por la dirigencia de 30 sindicatos, ocho subcentrales y la organización de mujeres Bartolinas Sisa, también establece que “ninguna persona ajena, puede ingresar al territorio originario sin autorización de la autoridades departamentales y comunales”. “Corremos el riesgo de contagio de la pandemia COVID-19, porque ellos diariamente se encuentran en las calles de la ciudad”, señala el reclamo.
Este documento fue entregado a Alvarado, que posteriormente se comunicó con el general Alfredo Cuellar, que en la conferencia con Murillo, atribuyó a las Fuerzas Armadas el papel de resguardar la infraestructura del Estado. “Me respondió que no tenía conocimiento y que ellos (los soldados) fueron a entrenar”, dijo.
Además, el contingente ingresó “mintiendo” porque anunciaron que la Gobernación autorizó el desplazamiento, agregó Alvarado.
Murillo anunció la apertura de una demanda penal contra Alvarado. Vamos a presentar una “denuncia penal” por dar “instrucciones para que ponga día y hora para que salgan las Fuerzas Armadas”, dijo y el aludido, pidió probar que él instruyó el desalojo.
El funcionario de la Gobernación le pidió al ministro que “trabaje por Cochabamba en vez de estar haciendo política”.
Con la denuncia de supuesta toma de Misicuni, el ministro Murillo sustentó la presunta participación del Movimiento Al Socialismo (MAS) en acciones terroristas y un eventual golpe de Estado.
//La Razon
