CIDH pide investigar a la RJC por amedrentar a autoridades y querer privar de agua a K’ara K’ara
La Paz, 7 de julio de 2020.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este domingo investigar a los actores privados que habrían tomado acciones violentas contra personas y autoridades quienes además amenazaron con privar el ingreso de cisternas de agua al sector de K’ara K’ara en Cochabamba.
Miembros del grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC) tapiaron ayer la puerta de ingreso a la alcaldía municipal de Cochabamba exigiendo la renuncia del alcalde, José María Leyes.
Asimismo, estuvieron circulando en motocicletas por varias arterias de la ciudad cochabambina hasta llegar al domicilio de la Gobernadora, Esther Soria, en donde arrojaron basura, aunque un comunicado de la Gobernación señala que la autoridad no reside allí sino uno de sus familiares. También amenazaron con impedir el ingreso de cisternas de agua al sector de K’ara K’ara si los llamados “autoconvocados” continúan manteniendo el bloqueo en el ingreso al botadero de basura.
La CIDH mostró su preocupación y recordó al Estado boliviano que tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia y el deber de investigar los hechos en los que participó la RJC.
K’ara K’ara
Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por lo sucedido en el sector de K’ara K’ara, en el sur de la ciudad de Cochabamba, donde ayer se produjeron hechos violentos cuando un grupo de policías y militares pretendían abrir paso para que los carros basureros ingresen al botadero de basura.
Por otra parte, los «autoconvocados» emboscaron e impidieron la salida del personal de la empresa municipal de servicios de aseo (Emsa), hasta que cerca de 30 funcionarios lograron escapar del lugar pasado el medio día, como confirmó el gerente de la empresa y el representante de la Defensoría del Pueblo.
El organismo internacional también mostró preocupación por las detenciones de personas en el sector y el operativo militar-policial para el desbloqueo. En ese sentido, enfatizó que Bolivia tiene la obligación de “garantizar los derechos humanos; de no criminalizar a líderes, lideresas y participantes de las protestas sociales; y de no utilizar tipos penales vagos o que sancionan acciones propias de la protesta social”.
Por su parte, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también mostró su preocupación por los hechos de violencia en K’ara K’ara.
ANF
