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ONU pide rendir cuentas por muertes de Sacaba y Senkata, y también señala a Evo

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió el informe “La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) pide que se rindan cuentas por las muertes de Sacaba y Senkata, así como por otros decesos y violaciones a derechos humanos que se registraron después de las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019 (20-O).

Esa entidad señala a Evo Morales por su postulación, pese al 21F, y, por otro lado, recomienda una investigación independiente de todas las alegadas violaciones a derechos humanos y abusos que ocurrieron durante la crisis postelectoral.

“Oacnudh documentó que, en diversas ocasiones, la conducta del Estado ante la crisis transgredió los estándares internacionales de derechos humanos. A la fecha, aún no ha habido rendición de cuentas por la mayoría de las muertes y lesiones causadas durante las protestas, incluyendo las de Sacaba y Senkata, tampoco por otras violaciones a los derechos humanos que ocurrieron con posterioridad a las elecciones”, se concluye en el reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada.

En ese documento -que titula “La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”- se indica que “la falta de rendición de cuentas y la falla del Estado en empezar a atender los retos de larga data, que la reciente crisis puso en evidencia, contribuyen a potenciar la polarización existente y la violencia”.

La entidad pone como antecedente que el expresidente Morales no respetó el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F) y que “a pesar” de su resultado, decidió postularse amparado en una sentencia constitucional.

“Esta decisión exacerbó la polarización existente, y las demandas por el respeto del resultado del referéndum (conocido como 21F) por parte de diferentes sectores unidos en una campaña nacional titulada Bolivia dijo no”, se lee en el informe.

En ese reporte también se señala que en la jornada del 20-O, antes de que se paralizara la transmisión de los resultados, se perfilaba una segunda vuelta. Sin embargo, cuando la transmisión se reanudó, los resultados preliminares indicaban un cambio en la tendencia y la probabilidad de la victoria de Morales sin balotaje. Aquello -se lee en el documento- generó preocupación por parte de observadores y provocó el surgimiento de protestas, las que se intensificaron cuando días después Morales fue declarado ganador.

Morales dimitió el 10 de noviembre y el 12 asumió la presidencia Jeanine Añez.

“A partir del 10 de noviembre se registraron algunos episodios violentos, como incendios, saqueos de bienes privados y públicos y otras acciones de vandalismo. En ese contexto, Oacnudh documentó diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo al derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión”, se lee en el documento.

La Oacnudh indica que pudo documentar la muerte de 30 personas, de las cuales 20 ocurrieron “durante operaciones realizadas por la Policía y las FFAA”; cuatro, durante enfrentamientos entre manifestantes; y de seis casos no se pudo verificar las circunstancias en que se produjeron.

Sobre las muertes de Senkata y Sacaba, el informe asegura que hasta la fecha “no se ha responsabilizado formalmente a nadie por las muertes ocurridas” durante las protestas en esas zonas.

Entre las recomendaciones del documento están: que se garantice la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas “de todas las alegadas violaciones a los derechos humanos y abusos que ocurrieron durante la crisis postelectoral”.

También se sugiere desarrollar una progresiva reforma estructural a la justicia, para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso; además de asegurar que la Fiscalía General sea “plenamente imparcial”.

El informe

 Tiempo La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) difundió ayer su informe sobre Bolivia después de que transcurrieran nueve meses de la crisis generada por las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019. 

Datos Los hallazgos de Oacnudh, según el reporte, están respaldados por más de 50 reuniones con autoridades e instituciones a nivel nacional y local, y por entrevistas con más de 100 víctimas y testigos, representantes de organizaciones y otros actores.

DDHH El informe da cuenta de que entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, Oacnudh documentó diversas violaciones de DDHH, incluyendo al derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión.
Muertes La Oacnudh documentó la muerte de 30 personas. Verificó que por lo menos 20 ocurrieron durante operaciones realizadas por la Policía y las FFAA en el contexto de las protestas; en otros cuatro casos, las víctimas murieron durante los enfrentamientos entre manifestantes, y en seis casos no pudo verificar las circunstancias de las muertes.

Detenidos La Oacnudh documentó el caso de 28 personas detenidas en El Alto, el 11 de noviembre de 2019, que fueron víctimas de detenciones arbitrarias y “sometidas a torturas u otras formas de mal trato por parte de la Policía, incluyendo amenazas de muerte, electrocución, asfixia con bolsas de plástico, golpes con culatas de fusil, posiciones de estrés, privación de alimentos y agua, burlas sexuales y simulacros de ejecuciones”.
Procesados El informe indica que entre el 12 de noviembre 2019 y el 6 de febrero de 2020, la Fiscalía inició procedimientos penales contra alrededor de 150 exfuncionarios de Gobierno de todos los niveles, por delitos tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes. “Estos procedimientos fueron a menudo impulsados por demandas legales de funcionarios del nuevo Gobierno”, se lee en el reporte.

Punto de vista

Amparo Carvajal
Presidenta de la Apdhb
“Recién ven lo que pasa en Bolivia”

Recién ellos empiezan a reconocer todo lo que está pasando en Bolivia y que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos tiene las pruebas y el conocimiento de todos estos delitos y mucho más.

La Asamblea ha denunciado en varias oportunidades, ahora yo no puedo más que agradecer a la ONU, a Amnistía Internacional, pero si ellos hubieran tenido una postura más clara en sentido de que Evo Morales debía respetar su propia ley y tenía que respetar este país, no estaríamos como estamos ahora.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia tiene muchos más datos de violaciones a los derechos humanos y les ha pedido a ellos una respuesta.

Punto de vista

Franco Albarracín
Activista en DDHH
“Es un informe incompleto”

Nuestra postura es muy crítica porque es un informe incompleto, sólo hace referencia al 40 o 50% de los hechos acontecidos en el conflicto postelectoral y se concentra en las violaciones de derechos humanos, que sí existieron de parte del Gobierno transitorio, casi ignorando, pareciera de forma intencional, las vulneraciones de derechos humanos cometidas por el anterior Gobierno y por sectores afines.

El informe omite los hechos ocurridos en Vila Vila, donde francotiradores afines al anterior Gobierno dispararon e hirieron a varias personas que se encontraban en la caravana que se trasladaba de Potosí a La Paz. El informe ignora estos hechos.

//Página Siete

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