Aduana se suma a demanda, Rossi asegura que hubo ‘contrabando agravado de armas a Bolivia’
La Dirección de Aduanas Argentinas oficializó su querella contra el expresidente Mauricio Macri y otras exautoridades por el envío de “material bélico” a Bolivia en noviembre de 2019, a poco de que tomara el poder Jeanine Áñez
Dirección de Aduanas de Argentina se sumó a la demanda penal planteada por el Gobierno de Alberto Fernández contra el expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios por el envío de “material bélico” a Bolivia en 2019. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que los documentos hallados demuestran que hubo “contrabando agravado de armas”.
“Aportamos a la justicia toda la documentación del vuelo Hércules C-130 y las comunicaciones que existen entre la Misión Naval de Argentina en Bolivia. Allí se confirma que las armas enviadas fueron hechas en Fabricaciones Militares para la Gendarmería Nacional. Esto confirma que hubo contrabando agravado”, afirmó Rossi en entrevista con Destape Radio, recogidas por canalc.com.ar.
Según la agencia Télam, la Aduana explicó que sumará la «expertise del servicio aduanero al trabajo que realizan el juzgado y la fiscalía», a partir de la denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el ministro de Justicia, Martín Soria; y la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
Rossi reveló el miércoles que el vuelo del avión militar C-130 con “material bélico” con destino a Bolivia debía partir al mediodía del 12 de noviembre de 2019, pero se demoró por cerca de 12 horas debido a la solicitud de carga de 70.000 pertrechos antitumulto. Dijo que solo Mauricio Macri pudo haber tomado la decisión de envío.
En la ampliación de la denuncia contra Macri, se conoció que la Fuerza Aérea Argentina tenía conocimiento del envío de los 70.000 pertrechos antitumulto. El grupo de élite argentino Alacran que llegó a La Paz le hizo saber vía nota oficial del material “extra” que transportaba y que era usado para enfrentar alteraciones del orden público.
Fuente: La Razón
