Al menos cuatro departamentos no cuentan con postulantes mujeres e indígenas habilitados para elección de magistrados en el TCP
Al menos cuatro departamentos no cuentan con postulantes mujeres e indígenas habilitados para la elección de Magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional en la etapa de preselección de candidatos para las Elecciones Judiciales 2024, así lo reportó la Comisión de Veeduría de la Defensoría del Pueblo, equipo de profesionales encargados de hacer el seguimiento del proceso preselección de altas autoridades que lleva adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El informe preliminar corresponde a las primeras etapas del mencionado proceso.
El reporte sintetiza varios aspectos operativos y resultados de las primeras cinco etapas como es la convocatoria pública, la presentación/recepción de postulaciones, la verificación de requisitos habilitantes generales/específicos y la publicación de postulantes habilitados e impugnaciones que están en proceso de resolución.
“Las listas de candidatas y candidatos habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), no cuentan con la inclusión de mujeres en los departamentos de Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Pando. De la misma forma, tampoco cuentan con personas que se autoidentifiquen como indígenas, esto sucede en Beni, Santa Cruz, Tarija y Pando”, señala el informe preliminar.
En un reciente pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo, advirtió que en este contexto, los asambleístas se verían obligados a aplicar el art.37 II de la Ley 1549, específicamente en las últimas etapas del proceso y en consecuencia, habilitar a postulantes indígena originario campesino o mujeres que tengan la siguiente mejor calificación de los postulantes a nivel nacional, ocasionando que algunos candidatos y candidatas mujeres e indígenas, ingresen al proceso electoral en desventaja ante el electorado de otra región distinta a la que se postularon.
Asimismo, con el fin de mejorar la calidad del proceso de preselección para autoridades judiciales, la institución defensorial recomienda a las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural de la ALP, que en la etapa de evaluación y calificación de méritos, acuerden previamente los criterios específicos y uniformes que se utilizarán para la evaluación de los documentos de respaldo a ser utilizados para la calificación de la experiencia profesional y producción intelectual de las y los postulantes.
