Arrecian las críticas por incumplimiento del traslado de Camacho a Santa Cruz
ese a una orden expresa del tribunal que atiende el caso decretazo, el gobierno no traslado a Santa Cruz al gobernador Luis Fernando Camacho para el inicio del juicio oral este jueves. Por esta razón la audiencia se postergó para el 27 de mayo requiriendo nuevamente la presencia de la autoridad que es el principal acusado.
El incumplimiento de la orden judicial desató un aluvión de críticas desde la defensa y la oposición política. Señalan al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por creer que está por encima de la ley.
Efraín Suárez, vicepresidente de Creemos, denunció que nuevamente se cometió un acto contra ley y el estado de derecho. Considera que es un acto propio de las dictaduras porque solo en este tipo de regímenes se desconoce a los otros poderes del Estado. «Estamos ante un nuevo acto dictatorial del presidente Arce», fustigó.
Espera que el mandatario no cometa un nuevo delito y traslade al gobernador cruceño para la audiencia reprogramada en mayo.
En este caso, Camacho es enjuiciado por delegar sus funciones a un secretario en vez del vicegobernador, Mario Aguilera, durante un viaje a Brasil en marzo del 2022, mediante el decreto departamental 376. En su momento la gobernación señaló que la norma nunca entró en vigencia y por error se subió la norma a la gaceta durante algunas horas. La Fiscalía pide seis años de cárcel para el gobernador.
«Una vez más queda demostrado la manipulación política que hay sobre el poder judicial», criticó Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz (ALD). Agrega que este hecho deja claro que no hay independencia de poderes en el país, ya que un ministro pretende ordenarle a los jueces como hacer su trabajo y donde hacer el juicio.
Matkovic añadió que no se puede instalar el juicio sin la presencia de Camacho, ya que según la ley, todo boliviano tiene derecho a defenderse ante un tribunal y encarar a sus acusadores.
Hay un sometimiento absoluto del Órgano Judicial al Ejecutivo, según el vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas. «Un ministro no puede estar por encima de la justicia», remarcó al cuestionar que Del Castillo se atribuye un mandato que no le compete y considera que en algún momento deberá ser juzgado por estos actos.
Dilfe Rentería, asambleísta departamental del MAS, que es uno de los impulsores del proceso contra Camacho, señaló que no hay condiciones para realizar el juicio en Santa Cruz y por tanto debería trasladarse a La Paz.
Para justificar su argumento dijo que sufrió agresiones físicas y verbales el pasado 10 de marzo, cuando debía instalarse por primera vez el juicio.
Fuente: El Día
