Sociedad

Una asambleísta de Creemos es señalada de cobrar dinero por cargos que ofrece

El asambleísta departamental de Santa Cruz Dilfe Rentería, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció un caso de presunta corrupción, relativa a pagos irregulares y venta de ítems a funcionarios en la Gobernación de Santa Cruz.

En entrevista con La Razón Radio, apuntó a su colega Shirley Hurtado, asambleísta de Creemos, por cobrar montos irregulares a funcionarios, a cambio de mantener sus puestos de trabajo.

Explicó que el caso consiste en la contratación de personal a cambio de un determinado pago mensual de dinero.

Develó que, presuntamente, su colega cobró a una de sus víctimas Bs 3.000 los dos primeros meses y luego pidió Bs 700. La mujer denunció que la autoridad le cobró en total más de Bs 10.000 a través pagos bajo código QR y trasferencias bancarias.

Ella trabajaba en la Dirección de Industrias y Comercio en el Parque Industrial (PADI) durante ocho meses en 2023. Fue retirada en enero y, posteriormente, presentó una denuncia ante la Gobernación el 5 de febrero, pero hasta la fecha no recibió respuesta.

Por ello, Rentería anunció que su bancada solicitará un informe a la Gobernación sobre el presunto caso de corrupción para que la investigación pase al Ministerio Público y la Policía. Instó a otras víctimas de Hurtado a presentas denuncias. “Quienes han sido víctimas, apersónense para presentar la denuncia”.

A su vez, denunció que, durante la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, ahora recluido en Chonchocoro (La Paz), se hallaron a más de 1.000 funcionarios trabajando en la Gobernación.

Contó que, en 2022, había 400 funcionarios en la institución cruceña; en 2023, 600, y en 2024, 1000. “La secretaria tenía su secretaria”, dijo.

Corroboró la denuncia del secretario de Hacienda, Miguel Sorich, quien indicó que la crisis financiera se debe a sobrecontratación injustificada de personal, falta de planificación y reducción de ingresos.

Sin embargo, destacó que el gobernador en ejercicio Mario Aguilera cortó los contratos y dijo que “muchos de ellos probablemente estaban siendo víctimas del caso”. Recordó a los trabajadores de las instituciones cruceñas que no deben pagar por sus ítems.

Fuente: La Razón

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