Gobierno aprueba la política pública para prevenir el abandono y reducir la cantidad de niñas, niños y adolescentes en centros de acogida

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz Tarifa, en una conferencia de prensa realizada este jueves, presentó la Política Pública Plurinacional para la Prevención del Abandono y Derecho a Vivir en Familia de Niñas Niños y Adolescentes, que tiene como principal finalidad, reducir los altos índices de esta población en centros de acogida y fortalecer los entornos familiares.

“El Presidente ha aprobado el Decreto Supremo 5214 que aprueba la política gubernamental para prevenir el abandono, y reducir la cantidad de niñas, niños y adolescentes en centros de acogida a fin de precautelar el derecho a vivir en familia de esta población”, comunicó la Viceministra.

La Política fue elaborada por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) y este miércoles fue aprobada por el presidente Luis Arce Catacora y su gabinete ministerial mediante Decreto Supremo 5214. Contiene 29 lineamientos para reducir los niveles de abandono, evitar la separación familiar y, entre otros puntos, garantizar la reintegración familiar de las niñas, niños y adolescentes (NNA) que se encuentran en los 180 centros de acogida que existen en todo el país.

“Para proteger los derechos fundamentales de nuestra niñez y adolescencia asegurando que crezcan en un entorno familiar seguro y afectivo, aprobamos el Decreto Supremo 5214 de la Política Pública Plurinacional para la Prevención del Abandono y Derecho a Vivir en Familia de Niñas, Niños y Adolescentes. (…) Esta política no solo es una respuesta a una problemática social, sino un paso decisivo hacia una sociedad más justa y protectora de sus poblaciones más vulnerables”, manifestó el primer mandatario mediante su cuenta en X.

Asimismo, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, mediante la misma plataforma, destacó que con la Política Pública el Gobierno busca: reducir el número de niñas, niños y adolescentes en centros de acogida; incrementar el porcentaje de los mismos en la educación regular, especial y/o alternativa, además de aumentar su nivel de acceso al sistema único de salud; incrementar el porcentaje de reintegración de esta población a familias de origen y familias sustitutas; e incrementar el número de familias con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en proceso de restitución familiar.

“Estamos trabajado intensamente para atender a las poblaciones vulnerables del país, buscando que sus derechos sean respetados y puedan vivir en mejores condiciones”, señaló Lima.

En ese marco, Cruz indicó que la Política Pública plantea una rearticulación entre los diferentes niveles de gobierno y la administración de los centros privados, que permita la ejecución de programas, proyectos y medidas orientadas a la prevención del abandono en primera instancia y a la reintegración a la familia en entornos afectivos, seguros y protectores.

“En 2019 habíamos registrado en centros de acogida a 5.678 niñas, niños y adolescentes, y en la gestión 2023, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, hemos registrados 5.025 en 180 centros de acogida, es decir ha habido un 12% de reducción de población que se encuentra en centros de acogida a nivel nacional; sin embargo, esta reducción no se debe a una incidencia en la reintegración familiar, un buen porcentaje es por haber cumplido la mayoría de edad, es decir que no se realizaron acciones suficientes desde los municipios, departamentos y centros privados, para que esta población pueda reintegrarse a su familia o ingresar a un modo alternativo a fin de precautelar su derecho a vivir en familia”, develó la autoridad.

La Viceministra destacó que la intervención realizada por el VIO a centros de acogida en el año 2023, permitió identificar aspectos críticos y negativos que inciden en la vulnerabilidad de esta población, como el hecho de que el 89% de NNA en estos centros cuenta con referente familiar y/o afectivo; pese a este dato, la cantidad de esta población con trámites iniciados y no concluidos de reintegración familiar o integración a familias sustitutas, es mínima.

Hasta agosto de 2023, estos trámites alcanzaron a un 8,7%, que significa apenas 444 del total de la población acogida; igualmente, los egresos de NNA por reintegración familiar, a septiembre del mismo año, fue del 2%, es decir 115 casos. En el caso de adopciones, estas sumaron 26, que representa el 0,5%.

A estos datos se suman otros que se encuentran en el diagnóstico que el VIO realizó y que fue la base para la elaboración de esta Política Pública, como: insuficientes programas, proyectos y servicios para prevenir el abandono y para restituir el derecho a vivir en familia; falta de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad; ausencia de lineamientos, estándares y normativa para la regulación y funcionamiento de los centros de acogida; desarticulación y acciones dispersas en las intervenciones realizadas por parte del sistema de protección; insuficientes acciones para fortalecer a las familias durante el proceso de restitución familiar; e insuficientes programas integrales para la preparación a la vida independiente y tránsito a la juventud.

Con relación a la convivencia de esta población en estos centros, se conoció que el 4% de NNA fueron víctimas de violencia en estos espacios de protección, el 5% de esta población tiene diagnostico psiquiátrico, el 3% no cuenta con documentos de identidad, el 10% tiene algún tipo de discapacidad, y 35 son extranjeros.

Asimismo, una proyección al 2026, muestra un crecimiento poblacional en adolescentes acogidos del 6% y 47% en jóvenes, por lo que es urgente establecer mecanismos oportunos y eficaces para restituir el derecho a vivir en familia durante la niñez y evitar que la población permanezca en estos lugares hasta cumplir la mayoría de edad.

Frente a esta realidad, el Gobierno nacional toma como prioridad la intervención e incidencia en el ejercicio del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes en riesgo de separación o separados de su ámbito familiar, a través de la articulación de las diferentes instancias sectoriales e intersectoriales en los diferentes niveles de gobierno para prevenir el abandono, velar por el cuidado alternativo en familia sustituta temporal cuando se requiere o el cuidado institucional con el modelo más adecuado para la protección de esta población, sin dejar de lado, la promoción de la reintegración familiar o integración a una familia sustituta.

Para la implementación se realizará alianzas interinstitucionales con instancias públicas y se convocará a las organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y redes comunitarias que ya están trabajando en la protección de la niñez y adolescencia.

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