Mandamiento de apremio contra el alcalde de Santa Cruz por no reincorporar a guardias despedidos

La justicia boliviana ha ordenado al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, reincorporar a 32 guardias municipales despedidos, medida que podría ser ejecutada en cualquier momento por la Policía, de acuerdo con el abogado de los trabajadores afectados, Rajiv Echalar. La jueza Nelly Sánchez emitió un mandamiento de apremio contra Fernández tras meses de incumplimiento de una sentencia laboral que exigía la restitución de los trabajadores. Echalar detalló que el conflicto comenzó en enero cuando el Ministerio de Trabajo dictó que los despidos eran arbitrarios y emitió una orden para que fueran anulados. Pese a múltiples conminatorias y órdenes, el alcalde ha ignorado estas resoluciones, situación que llevó a la jueza a recurrir al mandamiento de apremio para que se cumpla la

El mandamiento de apremio en Bolivia es una orden de arresto temporal que busca presionar el cumplimiento de una sentencia en casos civiles o laborales. A diferencia de una orden de aprehensión, que se da en casos de sospecha de delito, el mandamiento de apremio no implica una acusación penal sino el incumplimiento de una disposición judicial. De no acatar la reincorporación, el alcalde Fernández podría ser detenido hasta que proceda con la recontratación de los trabajadores.

El concejal opositor Manuel “Mamén” Saavedra opinó que este conflicto refleja una “crisis administrativa” en la gestión municipal actual. Saavedra cuestionó el manejo de la administración de Fernández y afirmó que la Alcaldía enfrenta deudas, retrasos en los pagos de salarios y una falta de cumplimiento de las leyes laborales. A su criterio, la situación de los 32 guardias municipales despedidos es solo una muestra de los problemas de gestión y del “abandono” que enfrenta Santa Cruz bajo esta administración.

Ante la orden judicial, el alcalde Fernández defendió su decisión y negó que el mandamiento de apremio esté en efecto, calificando la resolución de “inconstitucional”. Explicó que los guardias fueron despedidos por no presentar la libreta de servicio militar, un requisito obligatorio para funcionarios públicos varones según la Constitución Política del Estado (CPE). Fernández insistió en que la falta de este documento hacía ilegales sus contrataciones y señaló que los guardias fueron contratados por una administración anterior. “Cumplir esta orden judicial va en contra de lo que establece la Constitución y pone al gobierno municipal en una situación delicada”, declaró.

Asimismo, Fernández afirmó que el departamento jurídico de la Alcaldía ya ha presentado una apelación para anular la resolución y buscará defender la “legalidad y los intereses del pueblo cruceño”. Aseguró que no existe un mandamiento formal que lo obliga a reincorporar a los trabajadores y que solo hay una mención a un posible apremio. “Lo que tenemos es una resolución que menciona el apremio, pero no una orden firmada que ordene mi aprehensión”, dijo el alcalde, reafirmando que continuará en la defensa de su postura en los tribunales.

La Alcaldía anunció una conferencia de prensa para emitir un pronunciamiento oficial sobre el caso, en el cual se espera que Fernández aborde tanto la orden de reincorporación como el conflicto en general. La situación ha generado tensiones en Santa Cruz, donde ciudadanos y autoridades siguen de cerca los acontecimientos. Para los 32 guardias despedidos y sus familias, el desenlace de esta disputa judicial es de alto impacto, pues su reinstalación en el cargo depende de que el alcalde acate finalmente las disposiciones legales emitidas en su contra.

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