Cabildos en La Paz y Sucre demandan al Gobierno declarar estado de excepción

Centenares de ciudadanos de La Paz y Sucre pidieron este martes al Gobierno declarar un estado de excepción para poner fin a las protestas y bloqueos de carreteras. Estas manifestaciones, que comenzaron a inicios de mayo, son impulsadas por sindicatos campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales, quienes exigen la renuncia del Presidente Rodrigo Paz.

Concentración en la plaza San Francisco

Los integrantes de plataformas ciudadanas, asociaciones cívicas, comerciantes, mineros y grupos religiosos se concentraron en la plaza San Francisco, en el centro de La Paz. Allí celebraron un cabildo para aprobar resoluciones que serán presentadas al Gobierno. Estos grupos se congregaron bajo la consigna “trabajo sí, bloqueo no” y pidieron a gritos un “estado de excepción”.

Pronunciamiento del Comité Multisectorial

El pronunciamiento final fue leído por el presidente del Comité Multisectorial de La Paz, Leonel Cóndor Huayra. Este estuvo precedido por varios oradores que cuestionaron los bloqueos como método de protesta y criticaron a los líderes sindicales que alientan las manifestaciones contra el Gobierno de Paz. La proclama exigió la renuncia de “malos dirigentes”, como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y solicitó la ejecución de la orden de captura contra el expresidente Morales.

Acciones legales y demandas en Sucre

El presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas, Luis Aruquipa, anunció que presentó un recurso de acción popular para que Paz aplique el estado de excepción en las zonas más conflictivas. Además, hubo una manifestación similar en Sucre, donde distintos sectores pidieron al Gobierno solucionar “de manera inmediata y definitiva” el conflicto utilizando todos los mecanismos legales a su alcance.

Regulación del estado de excepción

Paz firmó el lunes la Ley de Regulación de Estados de Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas. Sin embargo, esta promulgación no implica la vigencia automática de dicha medida, ya que se requiere un decreto que debe ser validado por el Legislativo.

Culpabilidad y consecuencias de las protestas

El Gobierno culpó a Morales por la violencia en las protestas, señalándolo como supuesto financiador con dinero ilícito del narcotráfico, algo que el exmandatario ha negado. Las protestas y bloqueos comenzaron a principios de mayo impulsados por sindicatos campesinos del altiplano y la COB. Estos conflictos han dejado hasta el momento al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los cortes de rutas. Además, las pérdidas económicas superan los 2.340 millones de dólares.

//La Patria