Clima: El Gobierno dispone Bs 167 millones para eventos adversos

Con la premisa de que “más vale prevenir que lamentar”, el Gobierno nacional, mediante el Viceministerio de Defensa Civil, desarrolla acciones para enfrentar las emergencias climáticas y eventos adversos que se presentan cada año en el país, es decir, nevadas, lluvias, inundaciones, incendios forestales y fuertes vientos.

“A diferencia de lo que se hacía antes, en esta gestión decidimos aplicar como uno de los principales pilares del plan de emergencia la prevención”, aseguró a La Razón el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero. La autoridad explicó que se desarrollaron varias actividades con el objetivo de estar mejor preparados para enfrentar las contingencias climáticas.

“Comenzamos a desarrollar una serie de actividades en coordinación con municipios y gobernaciones, fortaleciendo sus unidades de emergencia para actuar de manera oportuna y coordinada ante cualquier evento”, indicó.

CAPACITACIÓN

También se realiza actualmente la capacitación de los municipios para que puedan elaborar correctamente sus declaratorias de emergencia, según lo determinado por la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos.

Rivero recordó que, de acuerdo con la norma, este es el paso principal para que los municipios puedan activar la ayuda del gobierno departamental en primera instancia y luego la del Gobierno.

Esta declaratoria permite la activación de mecanismos de ayuda y movilización de recursos hacia las zonas que fueron afectadas por algún evento climatológico y, posteriormente, permite la activación de seguros agrícolas para el proceso de reparación.
“Es fundamental elaborar la declaratoria de emergencia de manera correcta para permitir el desembolso de recursos y la movilización de ayuda”, explicó Rivero.

Otro elemento central de la fase de prevención son los procesos de preparación de los equipos de primera línea, que son los que acuden en primera instancia a atender una emergencia.

Para cumplir con este pilar del Plan de Emergencia, el Viceministerio de Defensa Civil, en coordinación con organismos e instituciones de cooperación internacional, viene realizando talleres de capacitación y fortalecimiento en varios departamentos.

“Primero se busca prevenir eventos de magnitud. Segundo, tenemos que actuar de manera oportuna y correcta cuando se presenta la emergencia, movilizando los recursos técnicos y humanos necesarios para enfrentarla y finalmente solucionar la misma en el menor tiempo posible para reducir los daños”, explicó.

COORDINACIÓN

Otro objetivo de la coordinación con gobiernos municipales y departamentales es la identificación de las necesidades y vulnerabilidades, tomando en cuenta las características que se tienen en cada región de Bolivia.

Debido a la diversidad de pisos ecológicos, los planes de contingencia se realizan según la región:
En el altiplano y valles, las amenazas principales son: sequías extremas, heladas, granizadas y nevadas. En esas regiones se debe priorizar la distribución de agua potable con camiones cisterna para consumo de la población y el ganado, entrega de forraje, provisión de semillas resilientes y fomentar el almacenamiento de agua (atajados o micro-represas).

En el caso de la Amazonía, Oriente y Chiquitania, las amenazas principales son: lluvias torrenciales, desborde de ríos, inundaciones e incendios forestales por la combinación de sequedad previa, altas temperaturas y fuertes vientos, por encima de los 90 kilómetros por hora, que son un factor para la rápida propagación de las llamas.

En este caso se debe priorizar la activación de brigadas mecánicas para la limpieza de ríos, levantamiento de muros de contención de tierras, evacuación comunitaria y despliegue de bomberos voluntarios y militares para el control de quemas en zonas vulnerables. “Estamos trabajando con las unidades de emergencia de municipios y gobernaciones, primero para capacitarlos, segundo reforzar sus capacidades técnicas y materiales y tercero para desarrollar operaciones coordinadas”, explicó la autoridad.

Aseguró que las labores se desarrollan con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMME), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

Estas instituciones permiten realizar el monitoreo satelital, tener reportes climatológicos, aplicar control y vigilancia en parques y reservas naturales.

También permiten acceder a un helicóptero y drones especiales para el monitoreo y atención de las emergencias y la contención de incendios forestales.
“El apoyo de estas instituciones es fundamental para desarrollar planes de prevención y de atención de las emergencias en cada región del país”, indicó el viceministro de Defensa Civil.

PRESUPUESTO

Para desarrollar todas estas actividades, el Gobierno nacional destinó un presupuesto de Bs 167 millones para la atención de las emergencias que afectan a diferentes regiones del país, informó Roberto Rivero.

Según la autoridad, los recursos serán utilizados en tres etapas: en la primera fase se disponía de Bs 78 millones, de los cuales ya se utilizaron 70 millones y queda un saldo de 8 millones; en la segunda fase se dispondrá de Bs 75,7 millones y finalmente Bs 11,96 millones en la tercera.

En la primera fase se realizan la atención inmediata y el despliegue de recursos de primera respuesta. En la segunda fase se realiza la rehabilitación de servicios básicos y apoyo productivo.

Finalmente, en la tercera fase se realiza la evaluación de daños y planes post-emergencia. También se cuenta con el acceso a la cooperación internacional, coordinado mediante el consorcio de la Agencia Humanitaria de Bolivia, y líneas de crédito que son manejadas por el Ministerio de Economía. “En caso de ser necesario, de acuerdo a la Ley 602, se puede recurrir a la cooperación internacional y a fondos extraordinarios mediante el Ministerio de Economía, dependiendo de la magnitud del desastre”, explicó el viceministro.

La autoridad aseguró que, tomando en cuenta la nueva política de atención de desastres que impulsa el Gobierno nacional, es necesario modificar la norma 602, con el objetivo de priorizar la prevención más que la reacción ante los eventos adversos.

“Es necesaria la modificación de la ley para desarrollar un trabajo más efectivo en la prevención y el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, logró el apoyo de los legisladores para trabajar en estos ajustes y avanzaremos en eso para tener una norma actualizada que permita priorizar la prevención”, indicó la autoridad.

En lo que también se trabaja es en la flexibilización de las condiciones del crédito de Contingencias Climáticas del BID, que contempla el acceso a recursos recién cuando la afectación es igual o mayor a un millón de hectáreas.

Las autoridades consideran que es una afectación muy grande para recién activar la ayuda y se busca que esta se dé apenas se registre el evento, con el objetivo de reducir el daño ambiental.

El Viceministerio de Defensa Civil actualmente realiza el monitoreo permanente en todo el territorio nacional para activar de manera oportuna los mecanismos de ayuda y asistencia ante cualquier evento adverso.

//La Razón