Deconstruir la corrupción en prácticas observables y acciones concretas

En fecha 18 de junio de 2025, se publicó información sobre el “Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) que evalúa a 142 países”, indicando que uno de los subfactores que mide es la ausencia de la corrupción, en el que Bolivia se ubicaría en el puesto 141.

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC) no ha tenido conocimiento de dicho proceso de medición, ni la metodología para haber llegado a tal resultado.

En contraposición, el Estado Plurinacional de Bolivia se ha sometido en la gestión 2024 a la primera fase de evaluación de Indicadores de Integridad Pública (PII): Marco estratégico anticorrupción y Rendición Pública de Cuentas, del grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Integridad Pública y Anticorrupción, basados en estándares normativos de la organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).

La evaluación ha sido dirigida a países NO miembros de OCDE y ha contribuido a la preparación y resiliencia del sistema de integridad pública a nivel nacional para fortalecer la prevención de la corrupción, y la probabilidad de detectar y mitigar diversos riesgos de corrupción por parte de diferentes actores del sistema.

Entre los resultados de esta evaluación publicados en el Observatorio Ciudadano de Transparencia del Estado Plurinacional de Bolivia, se establece que Bolivia cumple con el 60% de los criterios regulatorios sobre la calidad del marco estratégico y el 67% de los criterios de implementación en la práctica, en comparación a los promedios de la OCDE del 43% y 34%, respectivamente.

Según los estándares de la OCDE sobre conflicto de intereses, Bolivia cumple con el 100% de las salvaguardas regulatorias y ha implementado el 78% en la práctica, en comparación con los promedios de la OCDE del 76% y 38%, respectivamente; de acuerdo con los estándares de la OCDE sobre información pública, que incluyen el acceso a la información y datos abiertos, Bolivia cumple con el 60% de los criterios relacionados con las regulaciones y el 59% con la práctica, mientras que el promedio de la OCDE es del 64% y 61%, respectivamente.

En la gestión 2025, en el mes de marzo, se ha iniciado la segunda fase de evaluación de Indicadores de Integridad Pública que abarca la “Gestión de Riesgos” y “Eficiencia de medidas anticorrupción del sector judicial”.

A la fecha el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra a la espera de los resultados basados en datos confiables y validados con las instituciones públicas y las organizaciones sociales, con el fin de deconstruir la corrupción en prácticas observables y acciones concretas, identificando y cuantificando riesgos específicos de corrupción, que serán de utilidad para las y los servidores públicos con el objetivo de fortalecer las regulaciones, instituciones y prácticas, y no reducirse a un simple “ranking” de países, que más que fortalecer el sistema anticorrupción, fomenta desconfianza en las instituciones.

NotiBolivia

Bolivia