El presidente Luis Arce ha declarado la decisión de militarizar las fronteras del país con el objetivo de prevenir que los productos nacionales sean utilizados para el “contrabando a la inversa” hacia naciones vecinas, donde se comercializan a precios superiores, perjudicando así el mercado interno. En el marco de la celebración del 73 aniversario de la Confederación General de Trabajadores Fabriles, Arce afirmó que ha ordenado a las Fuerzas Armadas tomar medidas en las fronteras para evitar la salida de estos productos. Además, anunció que se implementarán diversas normativas de forma gradual para fortalecer el control fronterizo.
La iniciativa se origina en el aumento de precios de productos básicos en el país. Según el Gobierno, diversos artículos, especialmente la carne de res, pollo, arroz y aceite, son trasladados a países colindantes para su venta a precios más altos. Por ejemplo, el costo del quintal de arroz en el mercado interno oscila entre Bs 200 y 220, mientras que en Brasil puede llegar a más de Bs 400.
El mandatario destacó que Bolivia enfrenta el fenómeno del contrabando a la inversa debido a su estabilidad económica y a una inflación históricamente baja. Sin embargo, se reporta que en septiembre la inflación alcanzó el 5,53%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el análisis gubernamental, gran parte de esta inflación es considerada “importada” debido al aumento de costos en el ámbito internacional.
Arce justificó el incremento de los costos de producción a nivel global y exhortó a la población a consumir productos bolivianos, fomentando así la industria nacional y contribuyendo a la sustitución de importaciones. En este sentido, subrayó que estas acciones generan empleo e ingresos para los ciudadanos.
Por su parte, el viceministro de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, comunicó que el Gobierno también está trabajando en un decreto supremo que endurecerá las sanciones por delitos relacionados con el contrabando, el agio y la especulación. Arce concluyó afirmando que el Gobierno persistirá en sus esfuerzos para garantizar precios justos para los productos de consumo en Bolivia.
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