Fiscal General de Bolivia reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado durante la XXXVIII reunión de ministerios públicos del mercosur

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, participó hoy de la XXXVIII Reunión Técnica Especializada de la Reunión de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM), que se lleva a cabo en la República Federativa de Brasil, donde reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación internacional con los Ministerios Públicos de los países miembros y asociados del MERCOSUR para enfrentar de manera conjunta y estratégica delitos complejos de carácter transnacional como el crimen organizado, el narcotráfico, la trata y tráfico de personas, el lavado de activos y el terrorismo.

“El Ministerio Público de Bolivia dio pasos firmes con la creación de la Fiscalía Superior en Crimen Organizado, una instancia especializada que tiene como objetivo central el análisis y vinculación de causas complejas, muchas de ellas con componentes transfronterizos. Estas acciones se complementan con el desarrollo del Ecosistema ROMA, que incluye herramientas como el IRIS, Fiscal IA, sistemas de reconocimiento facial y AFIS, todos orientados a fortalecer la inteligencia criminal desde una perspectiva soberana y tecnológica”, sostuvo Mariaca durante su participación.

Asimismo, la Máxima Autoridad del Ministerio Público destacó la importancia de consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional, avanzar en la integración penal regional y reforzar la respuesta estatal ante delitos que traspasan fronteras. Asimismo, presentó los principales avances alcanzados por la Fiscalía General del Estado, destacando el desarrollo del Ecosistema ROMA que está orientado a fortalecer la inteligencia criminal con soberanía tecnológica y actualmente ya son utilizadas por instituciones clave como la Policía Boliviana y gobiernos municipales, permitiendo una respuesta más rápida y articulada frente a hechos delictivos.

Durante su exposición, el Fiscal General también compartió una propuesta estructurada por cinco pilares estratégicos para el fortalecimiento de la cooperación regional en el ámbito penal. En primer lugar, se propuso el desarrollo de una plataforma regional de inteligencia colaborativa, denominada Futuro NEXUS, destinada al análisis compartido de redes criminales bajo protocolos de seguridad y protección de datos. En segundo lugar, se planteó una matriz de riesgo unificada a nivel regional, basada en el modelo IRIS, que permita clasificar y gestionar con criterios comunes los casos vinculados a la violencia y el crimen organizado. Como tercer pilar, Bolivia propuso avanzar hacia una interoperabilidad digital segura entre sistemas de asistencia legal mutua, lo cual facilitaría una respuesta ágil y electrónica en investigaciones transfronterizas.

En cuarto lugar, se propuso la creación de un centro regional de formación especializada para homologar la capacitación en inteligencia criminal, análisis forense digital y técnicas investigativas avanzadas. Finalmente, se destacó la necesidad de establecer unidades conjuntas de intervención y vigilancia tecnológica en zonas fronterizas, con el objetivo de prevenir la movilidad de personas vinculadas a estructuras criminales.

“Estas propuestas son instrumentos de cambio institucional, orientados a fortalecer la capacidad de los Ministerios Públicos para enfrentar el crimen organizado transnacional con rapidez, precisión y sensibilidad. La lucha contra el crimen organizado transnacional exige más que voluntad, requiere visión estratégica, tecnología soberana y cooperación efectiva. Bolivia reafirma su compromiso con una persecución penal moderna, ética y profundamente humana”, dijo el Fiscal General.

Durante la jornada participaron representantes de los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y por parte de Bolivia asistió la Jefa Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, María Luisa Herrera, quienes compartieron experiencias, buenas prácticas y desafíos comunes en torno a la cooperación jurídica internacional y la asistencia penal mutua.