El Fiscal General del Estado brindó hoy un informe oficial respecto a la situación jurídica del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien fue aprehendido en horas de la mañana tras una acción directa ejecutada por la Policía Boliviana en el Aeropuerto Internacional Viru Viru.
Detalles del Operativo y Cargos
Según el reporte oficial, la exautoridad fue interceptada en la zona norte del departamento de Santa Cruz cuando, presuntamente, se disponía a tomar un vuelo hacia el exterior del país junto a su familia. La aprehensión se fundamenta en la presunta comisión del delito de:
- Impedir o estorbar el ejercicio de la función policial.
Tras su detención, Del Castillo fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) Central, donde permanece en calidad de aprehendido bajo custodia de las autoridades competentes.
Actuación del Ministerio Público
El Fiscal General enfatizó que el proceso se desarrolla bajo los principios de independencia y objetividad, conforme a las facultades establecidas en el Artículo 225 de la Constitución Política del Estado (CPE). La investigación está siendo dirigida por el fiscal asignado al caso, el Dr. Alba.
«Estamos dirigiendo la investigación para resolver conforme a derecho y procedimiento. El Ministerio Público es respetuoso de la legalidad que caracteriza la función fiscal», afirmó la máxima autoridad del Ministerio Público.
Situación Jurídica Actual
La Fiscalía aclaró que, previo a la acción directa policial, no existía ninguna denuncia formal previa de personas o instituciones contra el exministro. No obstante, al presentarse el informe de acción directa, el Ministerio Público ha procedido conforme a ley:
- Declaración Informativa: Se tomará la declaración del aprehendido en las próximas horas.
- Plazos Legales: La situación jurídica del investigado será resuelta dentro del plazo de 24 horas que establece la ley.
- Análisis de Indicios: El fiscal del caso evalúa actualmente los antecedentes y elementos adjuntos al cuaderno de investigación proporcionados por la Policía Boliviana.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso de actuar con estricto apego al Código de Procedimiento Penal y a la Constitución, garantizando un debido proceso y la objetividad en la resolución del caso.
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