Seguridad

Fiscalía imputa a Mario Centellas, exsecretario municipal, por presunta malversación de Bs 102 millones

Centellas fue secretario municipal de Administración y Finanzas en la gestión del exalcalde Jhonny Fernández. El Ministerio Público sostiene que recursos destinados a obras municipales fueron desviados hacia el flujo general de gastos del municipio.

El Ministerio Público presentó una imputación formal contra Mario Alfonso Centellas Ariñez, quien fungió como secretario municipal de Administración y Finanzas de Santa Cruz de la Sierra durante la gestión del alcalde Jhonny Fernández. La exautoridad municipal está imputada por la presunta comisión del delito de malversación, dentro de una investigación relacionada con el manejo de créditos públicos contratados por el municipio. 

Como parte de la imputación formal, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Mario Centellas por 180 días en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola.

De acuerdo con el documento fiscal, la investigación se refiere a dos créditos aprobados en 2023. El primero, por Bs 124.525.630,59, dinero que estaba destinado a 17 proyectos de inversión pública municipal, mientras que el segundo, por Bs 66.470.700,34, que tenía como destino exclusivo la construcción del viaducto de la avenida Doble Vía a La Guardia, en el tramo del cuarto anillo. Ambos créditos sumaron Bs 190.996.330,93.

La Fiscalía señala que los recursos fueron desembolsados por el Banco Unión el 29 de noviembre de 2023 y que, el 1 de diciembre de ese mismo año, fueron ingresados a la libreta denominada “GAMSCZ – Gastos Generales Tesoro Municipal”. Ese mismo día se registró una transferencia por la totalidad de los Bs 190,9 millones hacia otra libreta de reserva. Posteriormente, los recursos habrían retornado de manera fraccionada a la cuenta de gastos generales durante diciembre.

«Según los antecedentes revisados, no existiría evidencia de que los recursos hubieran permanecido segregados, individualizados o vinculados exclusivamente a los proyectos para los cuales fueron aprobados, perdiéndose la trazabilidad financiera específica exigida para recursos provenientes de endeudamiento público. Asimismo, se estableció que durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2023 la referida libreta registró movimientos por Bs. 560.572.153,73 en créditos y Bs. 558.756.442,18 en débitos, evidenciándose que los recursos inicialmente desembolsados por Banco Unión S.A. fueron absorbidos dentro del flujo financiero general del Tesoro Municipal», explica el documento. 

Según la imputación, esta operación impidió mantener una separación financiera de los recursos destinados específicamente a los proyectos aprobados. El Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Centellas no se habilitó una libreta exclusiva para administrar los fondos provenientes del endeudamiento público.

Fiscalía identifica una presunta utilización irregular de Bs 102 millones

Uno de los elementos centrales de la investigación es el Informe Técnico C.I. N° 812/2026, elaborado por la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas, que establece preliminarmente una presunta utilización irregular de Bs 102.060.188,13 provenientes de los créditos.

«Se estableció de manera preliminar la existencia de una presunta utilización irregular de recursos públicos de endeudamiento por Bs. 102.060.188,13, concluyéndose que los recursos de crédito no fueron administrados bajo mecanismos adecuados de segregación, control y trazabilidad financiera, sino incorporados a libretas operativas generales del Tesoro Municipal, sin habilitar estructuras financieras específicas que permitieran garantizar el control individualizado y su aplicación exclusiva a los proyectos autorizados», indica el documento de imputación.

El documento también señala que una inspección ocular realizada el 13 de agosto de 2026 evidenció problemas en cuatro proyectos que debían ser financiados con estos recursos. Entre ellos se encuentra el viaducto del cuarto anillo y Doble Vía a La Guardia, que presentaba un avance físico menor al 20%, además de obras paralizadas por falta de pago.

La imputación menciona además un informe de la Secretaría Municipal de Obras Públicas que reportó 10 obras concluidas, tres paralizadas, tres no licitadas y dos en ejecución. En el caso del viaducto del cuarto anillo, se registraba un avance físico de 17,13% y financiero de 11,90%, según los antecedentes incorporados a la investigación.

«Conocían el destino de los recursos»

El Ministerio Público sostiene que Centellas ejerció como secretario municipal de Administración y Finanzas en fecha 4 de mayo de 2021 hasta el el 14 de mayo de 2024, periodo en el que se produjeron los hechos investigados. Según la imputación, entre sus atribuciones estaban el control de ingresos, cuentas fiscales, gastos, endeudamiento público, presupuesto, tesorería y contabilidad.

Otro de los elementos citados por la Fiscalía es la Primera y Única Orden de Pago Irrevocable y Autorización de Débito de Cuentas Corrientes Fiscales, firmada el 3 de noviembre de 2023 por Centellas y el entonces alcalde Max Jhonny Fernández Saucedo. Para el Ministerio Público, este documento demuestra que ambos conocían el destino específico que tenían los recursos.

La Fiscalía considera que estos antecedentes permiten sostener, en esta etapa del proceso, la probabilidad de autoría de Centellas en el delito investigado. La imputación se fundamenta en el artículo 144 del Código Penal, referido al delito de malversación.

180 días de detención preventiva

La Fiscalía argumenta la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización de la investigación. Entre las diligencias pendientes menciona la toma de declaraciones de exfuncionarios municipales, personal relacionado con proyectos de obras y trabajadores de la empresa Levon S.A. Sucursal Bolivia, además de pericias financieras e informáticas destinadas a determinar el destino final de los recursos observados.

El Ministerio Público también sostiene que existen inconsistencias en los datos proporcionados por Centellas respecto a su domicilio y actividad laboral, argumentos que utiliza para fundamentar el riesgo de fuga.

//El Deber

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