Gobierno afirma que un equipo trabaja en ajustes al decreto del diésel

Tras el acuerdo alcanzado con pobladores del Puente San Pablo, en la carretera Santa Cruz–Beni, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que un equipo trabaja en la revisión de las condiciones que podrían mejorarse del Decreto Supremo 5676, referido al precio del diésel para los grandes consumidores.

Justiniano explicó que el acuerdo permitió garantizar el abastecimiento y un precio del combustible para los pequeños productores de aquella región, además de establecer un cuarto intermedio de 72 horas en el bloqueo instalado en el Puente San Pablo.

“Hemos garantizado que haya abastecimiento y que haya un precio para los pequeños productores. Y el compromiso de que se levanta también inmediatamente el tema del bloqueo”, señaló.

El ministro destacó que el levantamiento de la medida permitirá que el tránsito en el sector retorne a la normalidad. “Lo importante es que el Puente San Pablo vuelva a la normalidad, el Beni vuelva a la normalidad y Bolivia también”, afirmó.

El acuerdo alcanzado con los pobladores del Puente San Pablo establece un cuarto intermedio de 72 horas, que concluirá el miércoles. Durante este periodo se mantendrá suspendido el bloqueo y los pobladores esperarán las respuestas comprometidas por las autoridades.

“Desde este momento se suspende el bloqueo, se levanta y vamos a esperar buenas respuestas, como se han comprometido nuestras autoridades”, sostuvo Justiniano.

Respecto al Decreto 5676, Justiniano indicó que durante el diálogo se abordó la situación de los grandes contribuyentes y el propósito de la norma. Señaló que estos sectores no deberían verse afectados por la medida y que se analiza la posibilidad de realizar ajustes mediante su reglamentación.

“Hemos quedado con ellos de que hay un sistema, un equipo que está trabajando para ver las condiciones que se pueden mejorar del decreto en el tema de la reglamentación. Seguramente se puede hacer, como ya lo hemos dicho con anticipación”, explicó.

Diversos sectores, exigen la abrogación del decreto porque consideran que incentiva el mercado negro de combustibles y generará mayores costos en la producción, lo que provocará alza de precios y afectará al bolsillo de toda la población.

El Gobierno descartó abrogar el Decreto y atribuyó la escasez y el incremento del costo del combustible a una situación internacional derivada de los conflictos bélicos y los problemas en la infraestructura de refinación.

//La Razón