Gobierno evita comprometerse con plazo de cívicos cruceños

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, respondió al plazo fijado por la Asamblea de la Cruceñidad y afirmó que el Gobierno prioriza resultados antes que fechas para resolver la crisis de combustibles.

“Lo importante es que se viene trabajando ya hace un tiempo determinado, cabalmente con el Comité Cívico, pero también con todos los sectores productivos”, afirmó este jueves.

Justiniano señaló que el Ejecutivo mantiene coordinación con campesinos, interculturales, comités cívicos provinciales y organizaciones del sector productivo, no solo de Santa Cruz, sino de todo el país.

“Nosotros estamos para mostrar resultado, estamos para agarrar y demostrar que sí se vienen generando acciones, las cuales van en el camino correcto”, sostuvo.

El ministro pidió al Comité pro Santa Cruz acompañar las acciones del Gobierno y remarcó que el objetivo es resolver los problemas planteados por los sectores productivos.

“Eso es lo que queremos del Comité Cívico, que nos acompañe para hacer el camino correcto, porque al final del día, no se trata de fecha, no se trata de día, se trata de actuar, se trata de trabajar”, afirmó.

Justiniano insistió en que el Gobierno busca coordinar con los distintos sectores para encontrar soluciones a la situación económica y al abastecimiento de combustibles.

“Se trata de remangarse esto y trabajar en conjunto, porque al final es por las familias bolivianas”, remarcó.

La Asamblea de la Cruceñidad, convocada por el Comité pro Santa Cruz, estableció el 10 de octubre como plazo para que el Gobierno atienda sus demandas relacionadas con el abastecimiento de combustibles.

Los cívicos también exigieron la restitución de competencias a gobernaciones y municipios y la devolución de recursos que, según su posición, fueron concentrados por el nivel central del Estado.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, planteó además que el 50% de los recursos generados en cada región permanezca en los departamentos para ser administrado por gobernaciones, municipios y universidades públicas.

“Sean ellas las que realizan las obras, escuelas, hospitales y caminos”, señaló Cochamanidis al defender la propuesta de redistribución de recursos.

//La Razón