Justicia condiciona tratamiento de contratos de litio a evaluación ambiental; Arce ve intromisión

Después de que la justicia determinó que el tratamiento de los contratos para la explotación del litio se suspendan en la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta que se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa, el presidente Luis Arce consideró el fallo como una intromisión. 

“El Órgano Legislativo tendrá que deliberar, tendrá que aprobar o rechazar. Tiene dos opciones, si la aprueba, bienvenido; si la rechaza, también. Es una decisión de la Asamblea, pero no es una decisión del Órgano Judicial; por lo tanto, aquí hay una intromisión en las labores  de la Asamblea”, dijo ayer en un diálogo con los periodistas, en Casa Grande del Pueblo. 

La justicia se pronunció como resultado de un recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, para que el tratamiento del contrato con la empresa china CBC y rua Uranium se suspendan momentáneamente.

La suspensión se refiere a las empresas china Hong Kong CBC Investment Limited y rusa Uranium One Group, hasta que las autoridades administrativas informen sobre la realización de un estudio ambiental, especialmente referido al agua.

“En este caso, estamos judicializando la economía (…), porque con esto estamos parando y esto va a tener un precedente negativo no solamente en el tema del litio, sino va a tener precedente negativo en la minería, en los hidrocarburos”, advirtió.

Arce dijo que el precedente negativo sería debido a que es exactamente la misma modalidad de contratos que se hace en hidrocarburos y minería, de acuerdo a lo establecido en la normativa boliviana que está vigente y que debe ser cumplida. Asimismo, el jefe de Estado sostuvo que la Defensoría del Pueblo desconoce la parte económica y que ello pone en riesgo, no solamente el litio, sino que dejará un “nefasto precedente” para los contratos mineros.

“Por lo tanto, aquí está el gran riesgo no solamente el litio con esto, no solamente los dos contratos y los futuros que están queriendo venir, porque van a ver una mala señal en nuestro país al judicializarse la economía”, dijo.

Arce afirmó que dicha disposición entorpecerá la inversión extranjera directa que “tanto pregonaron” los diferentes partidos políticos que se presentaron.

Recordó que, por ejemplo, el contrato con la empresa china sólo representa el 1,4% de todo el salar de Uyuni (Potosí); sin embargo, los contratos que están siendo cuestionados no están vigentes porque aún no fueron aprobados en la ALP.

Fuente: Los Tiempos

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