Paz decreta Estado de Excepción para frenar 50 días de bloqueos

La medida busca desmantelar los casi 40 puntos de bloqueo que aún persisten en las carreteras y devolver la normalidad al aparato productivo, fuertemente golpeado tras más de siete semanas de conflicto.

Acompañado por su gabinete de ministros, el mandatario justificó la determinación asegurando que la protesta social mutó hacia una «estrategia organizada de desestabilización» y un «intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo», apuntando directamente a sectores radicales vinculados al Chapare y al ala evista.»Este no es un Estado de Excepción para restringir la vida de la gente; es para devolverle su libertad», enfatizó Paz, aclarando que la disposición constitucional busca garantizar el libre tránsito y el abastecimiento urgente de alimentos, combustible y medicinas.

Acuerdos y Radicalización

Declaración presidencial llega en un momento de alta tensión y señales encontradas en el mapa social boliviano, Paz laboral:

La Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Mario Argollo, selló un acuerdo con el Ejecutivo el viernes por la noche e instruyó suspender las medidas de presión.

Resistencia campesina: Sectores afines al evismo y la Federación Túpac Katari rechazaron el pacto y anunciaron la masificación de los cortes de rutas.

Puntos críticos: La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta que La Paz (18 puntos) y Cochabamba (15 puntos) concentran el grueso de las protestas, seguidas por Oruro y Santa Cruz.

Ante esto, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana ya tienen la orden directa de intervenir las vías de forma proporcional para restablecer la transitabilidad.

Impacto económico y candados constitucionales

El costo de los 50 días de movilizaciones ha sido devastador.

El Gobierno estima que más de 250.000 trabajadores en el eje La Paz-El Alto han visto frenados sus ingresos, sumado a pérdidas millonarias para productores y transportistas que no pudieron comercializar sus productos.

A nivel legal, el decreto tiene aplicación inmediata bajo el paraguas de la reciente Ley 1740.

Pese al despliegue de las fuerzas del orden, el constitucionalista y diputado Carlos Alarcón recordó que el Artículo 138 de la Carta Magna blinda los derechos fundamentales, el debido proceso y la libertad de información, los cuales no pueden ser suspendidos bajo ningún escenario.

El Ejecutivo cerró su mensaje convocando a un «Gran Acuerdo Nacional» y activando una Comisión Especial para las provincias paceñas, manteniendo un canal de diálogo abierto para los sectores que decidan deponer las medidas de fuerza.