Sánchez Berzain pide investigar a actores políticos por los hechos de 2003

El exministro de Defensa, Gobierno y Presidencia Carlos Sánchez Berzain solicitó al Fiscal General del Estado una investigación integral de los hechos ocurridos en septiembre y octubre de 2003, después de que la Justicia Constitucional anulara el proceso que se siguió contra exautoridades y miembros del Alto Mando Militar.

El pedido fue presentado este lunes mediante un memorial en Sucre, a través de su abogada Goldy Vargas.

Sánchez Berzain sostiene que el proceso fue desarrollado de manera fragmentada y que no se investigó a todos los actores que participaron en los acontecimientos que derivaron en la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Según el exministro, la decisión constitucional reconoció vulneraciones al debido proceso, la igualdad ante la ley, el derecho a la defensa y la búsqueda de la verdad material.

A partir de ello, planteó revisar los antecedentes y dejar sin efecto los actos acusatorios derivados de una investigación que, según su versión, se concentró únicamente en autoridades del Gobierno de 2003.

Sánchez Berzain pidió además ampliar las pesquisas a dirigentes y exautoridades que, de acuerdo con su memorial, fueron excluidos de la acusación original. Entre ellos mencionó a Evo Morales, Felipe Quispe, Alejo Véliz, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Óscar Olivera, David Vargas y Faustino Ugarte.

El exministro también solicitó investigar a otras figuras políticas, entre ellas los expresidentes Carlos Mesa y Luis Arce, además de Abel Mamani, Sacha Llorenti, Álvaro García Linera, David Choquehuanca, Diego Pary, Juan Ramón Quintana, Carlos Alarcón, Hugo Moldiz, Rogelio Mayta, Milton Mendoza, Milton Mendoza, Pedro Gareca y Mario Uribe.

El pedido incluye la reconstrucción integral del contexto de los hechos y la determinación de la conducta individual de todos los actores involucrados. Sánchez Berzain sostiene que la investigación debe considerar los acontecimientos en su conjunto y no limitarse a las autoridades que fueron procesadas.

Uno de los principales cuestionamientos del exministro está dirigido contra la amnistía concedida durante el gobierno de Carlos Mesa. En su criterio, esta medida generó una investigación selectiva y terminó produciendo impunidad para algunos actores, mientras las exautoridades del gobierno de Sánchez de Lozada fueron sometidas a un proceso que califica como persecución política judicializada.

Sánchez Berzain también relacionó los acontecimientos de 2003 con la actual crisis política, económica y de seguridad que atraviesa Bolivia. En su memorial sostiene que el país enfrenta problemas como pobreza, dificultades en el abastecimiento de combustibles, inseguridad y expansión del crimen organizado.

El exministro considera que la revisión del caso representa una oportunidad para establecer responsabilidades de todos los actores de los acontecimientos de octubre de 2003 y, según su planteamiento, poner fin a la impunidad.

El pedido ahora queda en manos del Ministerio Público, que deberá determinar el alcance jurídico de la solicitud y las acciones que correspondan respecto a los hechos y personas mencionadas.

//La Razón