TSJ reconoce que indulto carcelario es insuficiente
Primo Martínez advierte que el indulto y otras normativas no bastan para frenar el colapso carcelario.

La crisis del hacinamiento carcelario en Bolivia se agudiza, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoce que las medidas actuales, como los indultos, son insuficientes para abordar este problema estructural. Durante una reciente conferencia de prensa, el magistrado Primo Martínez expresó su preocupación por la situación crítica en los recintos penitenciarios del país.

Reconocimiento de la crisis penitenciaria
Martínez, al ser consultado sobre la efectividad de las medidas de clemencia implementadas hasta ahora, evitó proporcionar cifras exactas sobre los beneficiarios. Sin embargo, subrayó que los decretos de indulto no son suficientes ante la magnitud del hacinamiento carcelario, que afecta tanto a hombres como a mujeres detenidos preventivos.

Propuestas legislativas y nuevas políticas públicas
El magistrado también mencionó iniciativas legislativas que buscan flexibilizar el indulto. A pesar de que existe una propuesta de ley en curso, esta enfrenta demoras en su tramitación y requiere modificaciones urgentes. En este contexto, enfatizó la necesidad de articular nuevas políticas públicas desde el Órgano Judicial y no solo desde el Gobierno central.
Acciones inmediatas para mitigar el hacinamiento
Consultado sobre las acciones concretas para mitigar el hacinamiento carcelario, Martínez indicó que se priorizan herramientas vigentes como el Decreto Supremo de indulto y los beneficios de conmutación de penas. Además, reveló que el TSJ ha dispuesto la revisión de oficio de las detenciones preventivas. Esto significa que los jueces están convocados a revisar la situación jurídica de los internos por iniciativa propia, sin esperar solicitudes formales.
Un llamado a la acción
El reconocimiento del TSJ sobre la insuficiencia del indulto carcelario destaca la urgencia de abordar el hacinamiento carcelario en Bolivia. La situación exige un enfoque integral que incluya nuevas alternativas estructurales y políticas públicas efectivas para garantizar un sistema penitenciario más humano y justo.
//La Patria



