Masacre de Sacaba: a cuatro años, ronda la impunidad y víctimas peregrinan por justicia

Víctimas reclaman que aún no tienen justicia por parte de autoridades

A cuatro años de la masacre de Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019, los familiares y las víctimas de la violenta jornada “aún están peregrinando” por justicia, en medio de “intentos de impunidad”.

La apoderada legal y representante de ese sector, María Javier Yucra, dijo a La Razón que ese sector “agotará todas las medidas legales” para que “cada una de las víctimas “vea la luz de la justicia”.

Ese día, a convocatoria de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, una multitudinaria marcha “en defensa de la democracia” llegó a la ciudad, en protesta por el derrocamiento del presidente Evo Morales y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez. Ésta asumió, primero, la titularidad de la Cámara de Senadores y, luego, la Presidencia del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum necesario ni la presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces ostentaba dos tercios.

Dos días después de su cuestionada llegada al poder, la mandataria promulgó el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a efectivos militares ante el posible uso excesivo de la fuerza en las movilizaciones contra el régimen.

“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad”, señalaba el artículo 3 de la norma abrogada semanas después, el 28 de noviembre.

Masacre de Sacaba

Cerca de las 11.00 de ese día, miles de manifestantes iniciaron la marcha en el mercado El Morro, según reportó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019. La columna llegó hasta el puente de Huayllani, donde contingentes militares y policiales los esperaba para impedir su paso hacia Cochabamba.

Juan Carlos Gutiérrez, que resultó herido por un proyectil de guerra en la región abdominal, contó a La Razón que entonces un grupo de mujeres llevaba la delantera de la protesta.

“Cuando llegamos, vimos a los uniformados delante de la marcha. Nosotros pensábamos que solo iban a ver que no se hagan destrozos; pero no, nos empezaron a lanzar gases y, como era de esperarse, las mujeres de adelante comenzaron a escapar, pero se tropezaban, se chocaban y se caían. Varios compañeros fuimos a ayudarlas para que se levanten del suelo. Incluso, a varias tuvimos que alzarlas”, contó Gutiérrez.

Técnico superior en Agropecuaria, el herido recordó que “era estresante ver y escuchar lo que estaba pasando” en el área de conflicto debido a los incesantes gritos, “el ruido de los disparos y, encima, el sonido del helicóptero que estaba encima”.

“Me he quedado quieto cuando sentí el disparo. Era como una jeringa caliente que me entraba por el abdomen. Me quemaba, y de pronto no sentía nada de la cintura para abajo. Ya no me acuerdo”, relató el hombre.

Gutiérrez estuvo internado en el hospital Viedma, en la ciudad de Cochabamba, durante dos semanas. “Los médicos han sacado la bala, pero la han hecho desaparecer, porque mi herida tiene orificio de entrada, pero no de salida. No he visto la bala”, lamentó.

Contó que la bala que ingresó a su cuerpo “ha partido el intestino grueso” y que su tratamiento duró más de tres meses, “hasta que ha cicatrizado las heridas que me han hecho en el intestino”.

A cuatro años del fatídico día, Gutiérrez se dedica a la comercialización de plátanos, producto que distribuye en los merados de Cochabamba y Santa Cruz.

Testimonio

Otro de los testimonios a los que accedió el diario La Razón es el de Sarahí, hija de Julio Pinto, que perdió la vida en medio de la violencia del trágico 15 de noviembre de ese año. Él está consignado en el informe del GIEI, que, por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó durante ocho meses los sucesos violentos de 2019.

Sarahí, la segunda de cinco hermanos de una familia dedicada a la agricultura en el municipio de Villa Tunari, contó a La Razón que su padre estuvo en estado de coma durante dos meses y que, luego de una serie de tratamientos, falleció el 11 de junio de 2020.

“El Gobierno tuvo un compromiso en el tema de subsidio y alimentaciones. Ha cumplido durante un año y algo más, pero ahora ya no nos da nada”, develó.

Ella y sus hermanos, tres de ellos menores, “aún estudian y necesitan apoyo”, señaló.

“Mi papá era muy bueno; en la casa siempre nos cuidaba, nos llevaba al colegio, nos ayudaba con las tareas, nos enseñaba a ser respetuosos, trabajadores y responsables”, recordó con nostalgia.

Esa jornada terminó con 10 personas fallecidas, todas con impacto de bala. Aparte, al menos 98 personas resultaron heridas.

Cuatro días después, en Senkata, en la ciudad de El Alto, otras 10 personas perdieron la vida también a bala. Desde días antes, otros movilizados contra el régimen de Áñez bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Informe

En un informe preliminar, la CIDH estableció que ambos hechos luctuosos resultaron masacres. El GIEI corroboró la categoría de violencia y, en el caso de Sacaba, encontró también ejecuciones extrajudiciales.

El pasado 23 de octubre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó de la acusación en contra de Áñez, sus entonces ministros de Gobierno, Arturo Carlos Murillo Prijic; de Defensa, Luis Fernando López Julio, y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora Castedo. “Todos ellos, por la comisión del delito de genocidio y la grave afectación al bien jurídico más importante, que es la vida”.

Además, fueron implicados los miembros de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana de 2019.

La comisión de fiscales que lleva adelante el caso adelantó que ese proceso se ventilará por la vía ordinaria y no por un juicio de privilegios, como pide la defensa de la exmandataria, y el Ministerio Público pidió una sentencia de 30 años de prisión para los acusados.

Sin embargo, el 9 de noviembre de este año, el Tribunal de Sentencia 1 de Sacaba se declaró incompetente para procesar por la vía ordinaria a Áñez y los otros acusados por la masacre de Sacaba de 2019.

Con el juicio en curso “se estuviera incurriendo en una flagrante vulneración del debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica incurriendo en nulidad absoluta y por ende en retardación de justicia para las víctimas”, justifica la resolución judicial a la que accedió La Razón.

Antes, el 30 de octubre, el Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto había declinado también su competencia para juzgar a la expresidenta Añez por la masacre en Senkata.

Ambas decisiones derivaron en una serie de críticas y cuestionamientos no solo de parte de las víctimas de las masacres y sus representantes, sino también de miembros del oficialismo, que insisten en que el proceso se lleve por la vía ordinaria. La oposición, por su parte, reivindica un eventual juicio de responsabilidades contra Áñez.