Fiscalía solicitó activar alerta migratoria para expresidente de YPFB y amplía investigación contra cinco funcionarios
El Fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó hoy que, a solicitud del Ministerio Público, la Dirección General de Migración activó la alerta migratoria para el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y se amplió la investigación para cinco funcionarios de la estatal petrolera por presuntas irregularidades en varios procesos de contratación directa durante la emergencia sanitaria por el COVID – 19.
“Hemos solicitado a Migración la activación de la alerta migratoria para el ex presidente de YPFB y se amplió la investigación contra otros cinco funcionarios de YPFB del área administrativa financiera, contrataciones y el área legal por los presuntos delitos de Uso Indebido de Influencias y Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes. La ampliación se hizo sobre la base de las declaraciones testificales de otros involucrados que ya fueron sometidos a audiencia de medidas cautelares y documentos colectados durante la investigación”, dijo Cossío.
La autoridad informó que el expresidente de YPFB fue convocado a declarar en dos oportunidades; sin embargo, no se presentó ante la autoridad fiscal, hecho que agrava su situación procesal y deja en evidencia la existencia de riesgos procesales.
“Con relación al expresidente de YPFB, también hemos emitido el mandamiento de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Uso Indebido de Influencias y estamos en su búsqueda. El investigado no podrá salir de Bolivia y se ha coordinado con Migración para que notifiquen a la Fiscalía de cualquier movimiento migratorio de esta persona”, dijo Cossío.
De acuerdo a las investigaciones preliminares, el expresidente de la estatal petrolera habría emitido la resolución administrativa Nº 78/2020 denominada “Contratación Directa por Emergencia”, para permitir realizar varias contrataciones directas sin previa licitación como la compra de seguros para YPFB a la empresa Credinform, contratación que fue cancelada por presuntas irregularidades.
