Una escalada de violencia se registró en Santa Cruz tras el avasallamiento de una propiedad productiva, hecho que dejó heridos y detenidos. La situación alcanzó un punto crítico cuando el gobernador Luis Fernando Camacho y su comitiva fueron atacados con piedras, palos y petardos al intentar ingresar a la zona del conflicto, en las cercanías de Montero. Los agresores, según reportes, eran personas encapuchadas y armadas que recibieron violentamente a la autoridad departamental.
El predio afectado fue identificado como una propiedad productiva perteneciente a familias reconocidas de la región, dedicadas al desarrollo de Santa Cruz. Para la dirigencia cívica, este hecho constituye un nuevo golpe al sector productivo, al que calificaron como un acto de “delincuencia manejada por el gobierno y el masismo”. Recordaron que los avasallamientos han sido una constante durante las gestiones del Movimiento al Socialismo y advirtieron que no se trata solo de la toma de tierras o robo de ganado, sino de un patrón de delincuencia organizada que debe ser detenido de inmediato.
La tensión aumentó cuando el vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, denunció que su vehículo fue atacado y alertó sobre un posible secuestro del Gobernador en el predio Patujú. En un video difundido en redes sociales, Camacho afirmó permanecer en el lugar y exigió presencia policial ante la toma ilegal de tierras. “De aquí, de esta propiedad, no nos vamos a mover hasta que la Policía haga su trabajo y garantice que toda esta gente que se encuentra secuestrada pueda salir como cualquier ciudadano”, sostuvo el Gobernador, quien además denunció que la zona fue tomada “por violentos masistas en busca de agarrar tierras que no les pertenecen”.
El gobernador llegó acompañado de dirigentes cívicos tras conocerse que un productor de la zona había sido retenido y posteriormente liberado. Pese al ambiente hostil, Camacho logró ingresar al predio en sus vehículos junto a su comitiva, lo que generó un clima de alta tensión en la zona.
Frente a la gravedad de los hechos, la dirigencia cívica anunció que convocará a la Comisión Agraria de la Cámara de Senadores para la próxima semana, exigiendo la presencia del representante del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y advirtiendo con medidas legales en caso de inasistencia. Asimismo, demandaron al Ministerio Público y al Fiscal General que identifiquen y procesen a los responsables materiales e intelectuales de los avasallamientos, a fin de poner un alto definitivo a lo que consideran una amenaza para la estabilidad productiva y social del departamento.
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