El Gobierno nacional, a través del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, presentó ante el Ministerio Público dos denuncias por delitos de corrupción que involucran a 14 personas, entre ellas directivos y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Refinación S.A. y representantes de la empresa la empresa Agroindustrial del Este – Indueste S.R.L., que incumplió un contrato de entrega de aceite crudo de soya y el pago de garantías de dicho acuerdo. El daño económico al Estado se estima en Bs 871.573.979,35.
“La denuncia es contra los ciudadanos Henry Nelson Ibáñez Padilla como representante legal de la empresa que ha suscrito estos dos contratos, así como en contra de los socios que han sido parte de esta empresa. También se tienen como involucrados a los gerentes de YPFB Refinación, gerente general, comercial, jurídico, de tal manera que son más de 14 personas que han sido denunciadas ante el Ministerio Público”, declaró el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García.
Los dos contratos suman un total de Bs 1.058,4 millones, de ese total YPFB Refinación S.A. desembolsó Bs 788,6 millones en anticipos, equivalentes aproximadamente al 75% del valor total. El aceite crudo de soya se mezcla con el diésel de origen fósil para fabricar biodiésel (combustibles renovables).
Los delitos denunciados son Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Contratos y Conducta Antieconómica. El viceministerio presentó una denuncia penal el pasado 20 de marzo y la investigación inició al día siguiente, ante el Juzgado 5º de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz, para que los hechos sean esclarecidos y, de corresponder, los responsables puedan responder ante la justicia. Actualmente, dos funcionarios de YPFB Refinación están con detención preventiva.
Asimismo, la autoridad explicó que, cuando el Estado acuerda y firma un contrato con algún proveedor de algún servicio o producto, se establecen dos garantías de cumplimiento en favor del mismo; una de cumplimiento por parte de la empresa, que equivale al 7% del valor del contrato; y la segunda es la garantía de anticipo equivalente al total del costo del contrato. Estos mecanismos contractuales permiten que se le pueda resarcir y devolver al Estado el monto del contrato en caso de algún incumplimiento del mismo.
Adjudicación irregular
El primer hecho irregular investigado es la irregular adjudicación que el directorio de YPFB Refinación S.A. hizo en favor de la empresa Agroindustrial del Este – Indueste S.R.L., otorgándole la provisión de aceite crudo de soya.
El viceministro indicó además que el 2 de abril de 2024, se reunió el directorio de YPFB Refinación S.A., determinó modificar el reglamento de contrataciones y eliminó las garantías, tanto de la correcta inversión de anticipo, como la de cumplimiento de contrato. De inmediato, autorizó el inicio del proceso de contratación. Cumplido ese trámite, a los tres días, se comunicó a la empresa Indueste S.R.L. que se le adjudicó los dos contratos millonarios.
Posteriormente, el 8 de abril, se suscribe el contrato y, el 9, comienzan los desembolsos de los anticipos, es decir, en menos de una semana se entrega más de Bs. 870 millones, “sin tener una sola garantía de que se pueda recuperar un centavo de estos recursos de todos los bolivianos”, afirmó García.
Una vez que YPFB Refinación identifica que cometió errores garrafales con consecuencias lesivas para el Estado por estos contratos, el 1 de abril de 2025, ambas partes dan por finalizado el contrato y, una vez que la empresa reconoce que incumplió, se estableció que debía devolver los anticipos que se le hizo.
En ese sentido, Agroindustrial del Este – Indueste S.R.L. ofrece como garantía dos terrenos, propiedades rurales, pero, cuando se las quiso embargar para ejecutar la garantía, se descubrió que esas propiedades eran, de acuerdo a la normativa agraria, pequeñas propiedades, y que son inembargables de acuerdo a mandato constitucional.
“Han concurrido una serie de hechos sistemáticamente realizados para beneficiar a una empresa con más de 870 millones de bolivianos que no han retornado nunca al patrimonio de YPFB”, concluyó el viceministro García.
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