Pasarela, envidia y muerte: Wendy fue asesinada en un crimen planeado por su prima y una compañera

Esa noche brilló. Wendy, de 14 años, desfiló con un vestido blanco de lentejuelas durante una actividad educativa por el Día del Estudiante. Horas después, fue hallada sin vida entre matorrales, con heridas en el cuello provocadas por un estilete y un bolígrafo. Las autoras: dos adolescentes de su colegio, una de ellas su prima. Según la investigación, el crimen fue planificado por celos, envidia y resentimientos acumulados en silencio.

La tragedia ocurrió la noche del lunes 22 de septiembre. Wendy participó en el desfile por la corona de “Miss Simpatía” en su colegio Demetrio Canelas, en Lauca Ñ, como parte del Día del Estudiante, en el municipio de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba. Salió del establecimiento diciendo que iba a comprarse unas galletas, pero nunca regresó. Su madre, Alina, comenzó a buscarla junto a otros familiares, sin imaginar el desenlace que les esperaba.

Las investigaciones indican que fue su prima —cuya inicial es A.— y la amiga de esta, J., quienes la convencieron de caminar unas cuadras. Avanzaron al menos cuatro, hasta llegar a una zona oscura. Allí, mientras la víctima estaba de espaldas, ambas la atacaron. Llevaban un estilete y un bolígrafo, con los que le provocaron heridas en el cuello y otras partes del cuerpo. Las lesiones fueron mortales.

Tras el ataque, arrastraron el cuerpo hacia los matorrales para ocultarlo. Pero cuando salían del lugar, una vecina las vio. Notó que tenían manchas de sangre en la ropa. Avisó a los padres de ambas, creyendo que se habían peleado. Nunca pensó que habían cometido un crimen.

Alina busca justicia. No comprende cómo dos adolescentes, una de ellas su sobrina —hija de su prima—, pudieron cometer un crimen tan atroz. Ambas estudiaban el mismo nivel, aunque en un curso paralelo al de Wendy. Nunca notó conflictos entre ellas; al contrario, la relación parecía buena.

Cuando le avisaron que encontraron a su hija muerta, corrió al lugar. Las primeras personas que vio fueron su prima y su sobrina, la autora confesa. Se acercó y les preguntó qué había pasado. Su prima respondió: “No sé nada”. En ese instante, a Alina ni siquiera le pasó por la cabeza que su sobrina pudiera estar involucrada en la muerte de Wendy.

Ahora, Alina cuestiona varias cosas. Recuerda haber visto en el auto de ellas una sábana y una colcha, y sospecha que podrían haberlas usado para trasladar el cuerpo y ocultar el crimen. Por eso exige que la investigación se amplíe, convencida de que su prima tiene algún grado de responsabilidad, ya sea como cómplice o encubridora.

Además, asegura que su sobrina, a quien consideraba familia hasta hace una semana, no llevaba el vestido con el que estuvo en el colegio. Más tarde, esa prenda fue encontrada en su casa, sumergida en una bañera con detergente, un intento evidente por borrar pruebas.

Los indicios señalaron a la prima y a su amiga, quienes fueron aprehendidas pocas horas después. Durante el abordaje psicológico, ambas confesaron su responsabilidad en el crimen.

Según el abogado de la familia, Diego Céspedes, las adolescentes, también de 14 años, actuaron con alevosía y ensañamiento. Usaron un estilete y un lápiz afilado, y planearon el asesinato desde principios de septiembre. Por testimonios recopilados, una admitió que mató a Wendy porque supuestamente hablaba mal de ella, mientras que la otra alegó que fue por celos, al enterarse de que mantenía comunicación con un adolescente que le interesaba o con quien había tenido alguna relación sentimental.

Para la familia de Wendy, la motivación fue la envidia y los celos. La víctima no solo destacaba por su belleza, sino también por sus valores y buen rendimiento académico y social. La familia quedó destrozada tras el crimen.

Hoy, las dos imputadas por asesinato cumplen 45 días de detención preventiva en el centro Cometa de Cochabamba, un lugar destinado a adolescentes en conflicto con la ley, ya que por su edad no pueden ser trasladadas a una cárcel.

Durante este tiempo, se seguirán recolectando pruebas. De momento, según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, Vanderley Flores, en el lugar del hecho encontraron un estilete amarillo con manchas hemáticas, un par de tacones plomo —pertenecientes a la víctima— y la ropa de la prima, que estaba remojando en agua con detergente.

El 24 de septiembre, las adolescentes fueron presentadas ante un juez cautelar. Ese mismo día, Wendy fue despedida entre lágrimas y reclamos de justicia, durante una multitudinaria concentración que horas antes había marchado hasta las puertas del juzgado clamando castigo.

El caso fue inicialmente atendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), pero el 23 de septiembre pasó a la FELCC, que junto con la Fiscalía continúa con la investigación. Familiares y vecinos exigen la pena máxima por este crimen que conmocionó a la comunidad.

Sobre este punto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que las adolescentes están siendo procesadas bajo la Ley 548, el Código Niña, Niño y Adolescente. Esta norma regula la protección integral de los derechos de esa población y establece un régimen especial para adolescentes en conflicto con la ley, priorizando la rehabilitación y la reinserción social por encima del castigo.

La ley fija la edad de imputabilidad penal a partir de los 14 años, lo que significa que menores de esa edad no pueden ser procesados penalmente. Además, establece que la responsabilidad penal del adolescente se reduce a una quinta parte de la pena máxima prevista para adultos. Es decir, mientras una persona mayor de edad podría recibir 30 años de prisión por delitos como asesinato, feminicidio o infanticidio, un adolescente solo puede ser sentenciado con seis años.

Para los dolientes, la pena es irrisoria y no se corresponde con la gravedad del crimen: quitarle la vida a una persona. Por eso, exigen una modificación a la norma. Este debate no es nuevo. En varios casos, autores de asesinatos y feminicidios —también menores de edad— fueron sentenciados a seis años, mientras las familias de las víctimas reclamaban castigos más severos.

Las posturas siguen divididas. En julio, el Ministerio de Justicia envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto para endurecer las sanciones a adolescentes que cometen delitos graves contra la vida y violaciones.

En esa oportunidad, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, explicó que el proyecto busca modificar el artículo 268 del Código Niña, Niño y Adolescente, diferenciando por rango etario: de 14 a 16 años y de 16 a 18 años, así como según la gravedad del delito.

Precisó que, para adolescentes de 14 a 16 años que cometan estos delitos, la sentencia propuesta sería de hasta 12 años, tomando en cuenta el desarrollo psicológico del menor. Para quienes tienen entre 16 y 18 años, la pena aumentaría en dos quintas partes, es decir, hasta 18 años de prisión.

Además, aclaró que el proceso se basará en un modelo evolutivo que evalúa la madurez psicológica del adolescente al momento del delito, siguiendo estándares internacionales, y que será analizada antes de dictar sentencia.

En respuesta, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento manifestando su desacuerdo, señalando que este enfoque contradice el principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado y en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, refiere que representa un retroceso en los avances normativos del Sistema Penal para Adolescentes en Bolivia.

Asimismo, señalaron que el Tercer Reporte del Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal revela que los adolescentes privados de libertad enfrentan condiciones estructurales de abandono, violencia y exclusión, en contextos marcados por pobreza, desintegración familiar, problemas de salud mental, acceso limitado a la educación y escasos espacios de protección social.

En este escenario, la Defensoría del Pueblo advierte que endurecer el régimen sancionador sin considerar estos factores estructurales debilita gravemente el enfoque restaurativo que debe orientar la justicia penal juvenil. Además, señala que estas reformas desconocen que la privación de libertad debe ser excepcional, breve y enfocada en la reinserción social.

Por su parte, Saravia indicó que la propuesta surgió tras un análisis de la realidad, pues entre 2019 y 2024 se registraron cerca de 4.000 casos con adolescentes en conflictos con la ley, más del 50% relacionados con delitos contra la vida, como asesinato, infanticidio y violación. En muchos de esos hechos, las víctimas también eran menores de edad.

“Hay casos en que los menores que han incurrido en violación, seguidos de infanticidio, y han recibido una pena de seis años, una pena que no es proporcional a la gravedad de los delitos cometidos”, aseveró Saravia.

Por ahora, ambas adolescentes permanecen internadas en el centro Cometa de Cochabamba, destinado a menores de edad en conflicto con la ley. Una vez concluida la etapa investigativa, el caso pasará a juicio. Si las normas no cambian, y pese a la gravedad del crimen, las autoras podrían enfrentar una pena máxima de seis años de privación de libertad.

Fuente: Opinión

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