Viceministra Cruz propone promover un envejecimiento activo y saludable, y exhorta a la población a sensibilizarse con las personas adultas mayores

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades conmemoró el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores con un acto en el que reconoció su contribución a la sociedad, y en el que la titular de este despacho, Nadia Cruz Tarifa planteó la necesidad de promover un envejecimiento activo y saludable, además exhortó a la población a sensibilizarse frente al maltrato hacia las personas adultas mayores.

El Parque de las Culturas y de la Madre Tierra de la Estación Central del Teleférico Rojo, fue el escenario en el que se reunió a más de 200 personas adultas mayores de distintas organizaciones; donde también se llevó adelante una feria con información y acceso a diversos servicios públicos.

Cruz dijo que la población adulta mayor representa el 10% del total de las y los habitantes del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y alertó que, en 15 años aproximadamente, será el 20%, de acuerdo con la proyección de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), lo que muestra que Bolivia tiende a ser una sociedad longeva.

“Es urgente contar con medidas que precautelen derechos, que precautelen servicios, pero que también precautelen un envejecimiento activo y saludable”, manifestó al remarcar que este es un mensaje para las familias, para la comunidad y para los tomadores de decisiones.

Otro dato que preocupa, según indicó la viceministra, es que el 60% de la población adulta mayor presenta enfermedades crónicas, según información del Ministerio de Salud y Deportes, siendo las más comunes la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

La autoridad también expresó preocupación por la situación de quienes se encuentran en los centros de acogida de larga estadía, donde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades identificó que el 70% de las y los adultos mayores presentan dependencia físico cognitiva para temas elementales como vestirse, servirse alimentos, entre otros.

“Este es un mensaje importante también para la población, necesitamos de forma urgente trabajar en un envejecimiento activo y saludable que precautele la dignidad de las personas adultas mayores, pero que por encima de aquello procure la autonomía a lo largo de la vida”, remarcó.

En ese marco, destacó el desarrollo de las olimpiadas departamentales físico cognitivas que se impulsa junto a la Caja Bancaria Estatal y que a la fecha se llevó a cabo en La Paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca, en la que participaron 1.334 adultas y adultos mayores de 60 años.

La Viceministra también exhortó a las familias y a la comunidad a sensibilizarse frente a la situación de violencia y discriminación que afecta a esta población adulta. “Solamente entre 2021 y 2022, el Ministerio Público ha llegado a registrar 16.461 denuncias de personas adultas mayores, y los que estamos acá en sala sabemos que para que una madre, un padre, una abuela o un abuelo denuncie a su hija o a su hijo, tiene que haber pasado mucho, tiene que haber soportado mucho”, expresó.

Cruz, frente a esta situación que afecta a las y los adultos mayores, afirmó que se tiene que hacer “un cambio de paradigma en nuestra legislación nacional; la Ley General de las Personas Adultas Mayores (Ley 369), muy garantista, pero que necesita un refuerzo, no solamente de carácter asistencial sino de prevención, que precautele la dignidad y la autonomía de nuestras adultas y adultos mayores”.

Datos

De acuerdo con la información remitida al VIO respecto a logros y desafíos en la situación de las personas adultas mayores, se tiene que el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), en 2023 emitió 151.345 cédulas de identidad a personas adultas mayores, garantizando su derecho a la identidad que, a su vez, abre la puerta para el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales.

Hasta el 30 de junio de 2024, 1.213.556 personas accedieron a su Renta Dignidad, de las cuáles el 53,74% (638.858) corresponde a cobros realizados por mujeres y el 46,26% (549.731) a varones. De los 219.266 jubilados que se tiene en la actualidad, destacó que 17.800 (8%) continúan trabajando en el ámbito privado o público.

Respecto a la educación y la capacitación, el Ministerio de Educación durante 11 años realiza las Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor; y sólo el 5% de las personas adultas mayores participa en programas de educación para adultos, según datos de la Universidad para la Tercera Edad (UPTE).

Existe el cumplimiento en cuanto a los beneficios, privilegios y trato preferente que establece la norma para esta población, por ejemplo, en la rebaja del 20% en el pago de las tarifas de luz y agua, impuestos y transporte público por parte de los gobiernos municipales. En esta línea, la empresa estatal Mi Teleférico aplica un 50% de rebaja en sus tarjetas preferenciales, porcentaje por encima del que señala la norma.

Para garantizar el acceso a la justicia a esta población, el Ministerio de Justicia aprobó, mediante Resolución Ministerial, la Guía Básica de Actuación para el acceso a la justicia de las personas adultas mayores, cuya elaboración fue consensuada con el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía General del Estado y la Policía Boliviana, y su contenido fue introducido en las currículas y capacitaciones de la Escuela de Jueces del Estado y de la Universidad Policial.

En el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), más del 20% de las denuncias recibidas de personas adultas mayores están relacionadas con maltratos físicos o psicológicos.

Asimismo, los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), dependientes de este Ministerio, sólo en 2023 otorgaron 9.225 servicios legales gratuitos a personas adultas mayores de todo el país; mientras que, en el primer semestre de 2024, ofrecieron 4.461 servicios a esta población principalmente en Orientación Legal y Conciliación Extrajudicial por motivos de abandono, apropiación indebida de bienes, abuso de confianza, deudas, desalojo, asistencia familiar y pago de alquiler, y en Patrocinio Legal por ejecuciones forzosas en casos de desalojo y deudas.

En el tema vivienda, el 40% de las personas adultas mayores viven en condiciones de precariedad habitacional, lo que incluye viviendas con carencias básicas como acceso al agua potable, saneamiento y electricidad.