Violencia y tensión en el mercado Bolívar: Comerciantes exigen la reubicación de una familia

Una violenta pelea registrada el jueves 20 de agosto de 2026, a las 17:30 horas, en las oficinas de la comisaría del mercado Bolívar, ubicada entre las calles Tarapacá y Adolfo Mier de la ciudad de Oruro, ha evidenciado la crisis de convivencia en el centro de abasto de la planta alta, sección venta de aves.

El incidente dejó a una persona de la tercera edad con afectaciones físicas y derivó en una intervención policial. Esto desató un reclamo masivo de los vendedores, quienes exigen a las autoridades municipales una solución definitiva ante la renuencia a cumplir compromisos previos de paz.

De acuerdo con el informe oficial de la División de Delitos Contra las Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el conflicto estalló cuando la comerciante Mery C., de 65 años, se constituyó ante el comisario del mercado, Adrián Condori, para reclamar la falta de solución en torno al retiro de cámaras de seguridad instaladas en su puesto.

Dichas cámaras habían sido colocadas por Esmeralda C., quien anteriormente fungía como vendedora en el lugar. Según detalla el documento policial, la controversia se originó porque la señora Mery reclamaba el retiro de los dispositivos y la devolución de pertenencias, argumentando que la relación laboral concluyó el 26 de julio de 2026 debido a discrepancias en las ganancias acordadas.

En plena oficina de la comisaría, al escuchar los reclamos dirigidos al comisario, Esmeralda se puso de pie e increpó a la adulta mayor, propinándole un golpe directo en el rostro (la nariz).

Ante la agresión, intervinieron de inmediato el comisario junto a otros testigos presenciales, como la señora Trifonia y el señor Ronald. La gravedad de la situación obligó a la víctima a comunicarse con la línea de emergencia 110.

Personal policial del mercado condujo a ambas implicadas a dependencias de la Felcc. El caso fue formalmente remitido al fiscal de materia, Wladimir Martínez Michaga, bajo la tipificación preliminar de lesiones leves y graves, tras determinarse que la afectada presenta un certificado médico forense con siete días de impedimento.

La señora Mery, visiblemente afectada por el golpe que le dejó marcas e inflamación en la nariz, relató los antecedentes del problema: “Vengo a colocar denuncia por todo lo que estoy sufriendo, la agresión física y psicológica de la señora Esmeralda y de sus hijas. A la señora, por compasión, mi puesto le di hace tres años en calidad de vendedora, y me he enterado que ella me había estado jugando sucio por debajo queriéndome quitar mi puesto (…). El 17 de julio me han robado mis cosas y hasta la fecha no estoy recuperando. No hay justicia para mi persona”.

Mery añadió que el problema de las cámaras vulnera su privacidad y lamentó la lentitud institucional: “Yo le he reclamado ayer por qué no lleva su cámara, qué quiere conmigo, y directamente me agredió. Mi nariz estaba todo hinchado (…) Yo soy una persona de la tercera edad, ella no me puede agredir (…) Habiendo un documento, ¿por qué no hay una respuesta a esa denuncia? Nosotros pedimos que a esta señora la lleven a otro mercado, en el Bolívar ya no queremos ver”.

Por su parte, Esmeralda C. dio su versión detallada de los hechos para contextualizar el fondo del problema y su postura frente a las acusaciones. Explicó que el conflicto arrastra discrepancias económicas desde hace tiempo debido a que la señora Mery pretendía subirle de manera injustificada el precio del alquiler del puesto, a lo cual ella se negó rotundamente. Asimismo, Esmeralda aclaró que el espacio en cuestión lo utilizaba únicamente como depósito para guardar sus jaulas y utensilios de trabajo. Descartó que realizara ventas directas en dicho lugar con la frase: “A mí el puesto me sirve solo para depósitos, para poner mis jaulas, solo para eso, porque para vender doña Mery, yo no vendo nada en su puesto. Y si me voy a desocupar, lamentablemente me desocupo”.

Asimismo se defendió que contaba con la autorización correspondiente para ocupar el sitio y rechazó enfáticamente haber agredido físicamente a la denunciante. Argumentó que la lesión en la nariz pudo haberse producido accidentalmente si la adulta mayor se dio un golpe con la puerta. Finalmente, Esmeralda sostuvo firmemente que cuenta con grabaciones y videos propios que respaldan su versión y demuestran que fue doña Mery quien inició las agresiones y discusiones en la sección de venta de aves.

Por otro lado, vendedoras del sector denunciaron que los problemas de convivencia y hostigamiento involucran de manera sistemática a la señora Esmeralda y su entorno familiar. Según vendedoras de algunos puesto del sector, esto afecta a múltiples casetas de forma consecutiva a lo largo de los años.

Una de ellas expresó: “La señora, desde que ha llegado de Cochabamba, ha empezado a agredir a mí y a mi familia. A mi esposo lo ha calumniado con falsas denuncias hasta de abusos sexuales. Esta señora no tiene respeto ni a las personas menores ni a las de la tercera edad”. Añadió que el conflicto afecta a una cadena entera de puestos: “Ha empezado el problema con la señora Jimena, después con la otra, con la otra. Tiene problemas con todas las compañeras, no es con una sola (…) Pedimos a las autoridades que se quiten las vendas de los ojos. ¿Qué quieren esperar en el sector? ¿Que haya un muerto? Todas las compañeras nos sentimos con miedo, temerosas al retornar a casa en la noche”.

En la misma línea, otra vendedora respaldó los reclamos colectivos y cuestionó el comportamiento de la familia denunciada: “A la señora Esmeralda y a sus hijas en su momento se les ha apoyado hasta donde se ha podido, pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta cómo es (…). El delito es tan grande que el no apoyar o no tener los mismos pensamientos que ella ya nos convierte en enemigas y somos atacadas física, psicológica y verbalmente (…). Las señoritas insultan a las chicas y tratan con palabras obscenas a las menores de edad. Se creen dueñas del lugar”.

En ese sentido, recalcó que los pedidos del sector apuntan estrictamente a una reubicación por seguridad colectiva: “Aquí lo que personalmente estamos pidiendo es que se les ubique; no se le está negando el trabajo a nadie, pero ellas necesitan ser ubicadas para que este sector ya no quede en chismeríos (…). Seis casetas equivocarse con una no me parece; el problema se tiene que sacar de raíz para que todo el mercado pueda estar más tranquilo”.

El comisario del mercado, Adrián Condori, reconoció que las fricciones en la sección de aves datan de hace mucho tiempo atrás. Estas están vinculadas de forma recurrente a disputas por la administración de puestos y desacuerdos económicos. Esto finalmente desembocó en el traslado de las partes a instancias policiales el pasado 20 de agosto. La tensión actual recae sobre el incumplimiento flagrante de los acuerdos firmados por las propias vendedoras.

El pasado 7 de julio de 2026, las involucradas suscribieron un Acta de Buen Entendimiento y Compromiso en el Salón de Dirección de Desarrollo Económico Local del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO).

Dicho documento prohíbe estrictamente incurrir en agresiones verbales, psicológicas o físicas. Advirtió que cualquier vulneración se sancionaría conforme a la Ordenanza Municipal 126/05 (Capítulo IX, Art. 23, inciso b-g) y la Ley Municipal de Puestos de Venta, Riñas y Peleas (74/17), normativas que facultan expresamente la reversión definitiva de los espacios municipales.

Ante el reciente hecho de violencia física y el clima de hostigamiento generalizado denunciado por los comerciantes, el conjunto de las vendedoras exige a la Intendencia Municipal, a la Unidad de Defensa al Consumidor y a la Dirección de Desarrollo Económico del GAMO que actúen con firmeza aplicando la ley y ejecutando la reubicación de la familia implicada para prevenir tragedias mayores en el centro de abasto.

//La Patria