Representantes cívicos, autoridades e instituciones del departamento sostuvieron una reunión de coordinación para evaluar la situación y definir acciones conjuntas frente a cualquier irregularidad que pueda afectar el abastecimiento de carburantes en la región.
Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, las autoridades destacaron las gestiones realizadas junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para mejorar la provisión de gasolina y diésel en Trinidad y las provincias benianas.
Según lo expuesto, estas gestiones permitieron incrementar los cupos y volúmenes destinados al departamento. Sin embargo, los representantes expresaron preocupación por la posible existencia de personas que estarían aprovechando la demanda y las dificultades de abastecimiento para adquirir combustible y posteriormente comercializarlo a precios superiores.
“Nos conocemos todos”, señalaron durante la conferencia, al advertir que se reforzarán los controles para evitar que particulares se beneficien de una situación que afecta a la población.
Piden investigar lo ocurrido en El Chaparral
Uno de los principales pedidos surgidos de la reunión fue la intervención de la Policía Boliviana y el Ministerio Público para investigar los hechos registrados en el surtidor El Chaparral y determinar si existen responsabilidades.
Las autoridades remarcaron que cualquier denuncia de reventa, especulación o desvío debe ser investigada por las instancias competentes y, de comprobarse irregularidades, dar lugar a las acciones legales correspondientes.
El pedido se produce en un contexto nacional marcado por investigaciones sobre la distribución de carburantes. El Gobierno informó recientemente que detectó irregularidades en distintos puntos de la cadena de abastecimiento, incluyendo asignación de cupos, despachos y presunto desvío de combustible.
En Beni, además, la ANH ya reportó durante las últimas semanas distintos operativos relacionados con la comercialización irregular de carburantes. La agencia informó el 31 de agosto sobre una intervención en Trinidad contra la reventa de combustible y anteriormente comunicó el decomiso de más de 600 litros de gasolina comercializada de manera irregular en la capital beniana.
Denuncian intimidación
Durante la conferencia también se hizo pública una denuncia de presunta intimidación contra el nuevo director de YPFB. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, personas habrían ingresado a su domicilio, hecho que fue considerado grave y que también solicitaron sea investigado.
“De aquí para adelante no vamos a permitir que se trate de intimidar a las personas solamente por el hecho de denunciar”, manifestaron.
La Policía informó que, por instrucciones del comando departamental, ya se activaron las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias y que las diligencias se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público y la parte denunciante.
Beni busca garantizar el abastecimiento
La preocupación por el combustible se mantiene como uno de los principales problemas para el departamento. Paralelamente a los controles, Beni viene buscando nuevas alternativas de provisión. La Gobernación anunció recientemente la llegada de un primer cargamento de 35.000 litros de diésel importado desde Brasil, como parte de una estrategia para ampliar las fuentes de abastecimiento.
En este escenario, las autoridades benianas pretenden mantener una posición conjunta para garantizar que los volúmenes destinados al departamento lleguen efectivamente a los consumidores y evitar que las denuncias de especulación o reventa terminen agravando las dificultades de acceso al combustible.
La investigación de los hechos denunciados quedará ahora en manos de las instancias competentes, que deberán establecer si existieron irregularidades y, de ser así, identificar a los responsables.
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